En año de conflictos, experto criticó lentitud del gobierno ante huelgas

Para el laboralista Larrañaga, siempre deben garantizarse los servicios.

En un año que se prevé de alta conflictividad por la discusión de la ley de Presupuesto que definirá cómo se gastarán los recursos del Estado, Nelson Larrañaga, abogado laboralista del estudio Ferrere, afirmó que las autoridades deben comprender que una huelga impacta en los usuarios y es su deber asegurar los servicios públicos ya sean esenciales o no.
Dijo que se trata “de armonizar” derechos y satisfacer, por un lado, los intereses de los trabajadores que con esa medida sostienen sus reivindicaciones, y por otro lado, las necesidades de los usuarios. Según el catedrático, los usuarios tienen derechos constitucionales pero ante una huelga son dejados en una situación de “desamparo”.
Larrañaga también criticó que las decisiones gubernamentales se toman tarde por cuestiones “políticas e ideológicas”.
Desde el PIT-CNT, el coordinador Marcelo Abdala dijo a El Observador que esa posición es parte de una campaña internacional contra la huelga que comenzaron en Europa asociaciones de empresarios que darán batalla en la Organización Internacional del Trabajo. Reconoció que “hay tensión” de derechos cuando se activa una huelga, pero que nunca escucha que haya tensión cuando por decisión de patronales se despiden empleados y nadie recuerda desde la cátedra el derecho al trabajo.
En una disertación presentada por Larrañaga en las Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que se desarrollaron a comienzos de mayo en la ciudad de Colón (Entre Ríos, Argentina), opinó que las medidas de los gremios que significan un desplazamiento de la autoridad, y a su vez distorsionan severamente la prestación del servicio, “son ilícitas” y “no están amparadas en el derecho de huelga que reconocen la mayoría de las Constituciones”. Para el experto en relaciones laborales, otras medidas ilícitas, que no son huelga, son las ocupaciones de los lugares de trabajo y los piquetes que impiden el acceso a las empresas. “Son ilícitas porque excluyen el ejercicio de derechos humanos fundamentales de otras personas que no pueden ejercerlos”, afirmó en su ponencia, a la que accedió El Observador.
Este año ya hubo paros en la salud, en el Hospital de Clínicas, en la educación y siguen adelante las medidas de funcionarios judiciales. Algunas fueron por aumentos de sueldo y otras, que contaron con el apoyo del PIT-CNT, incluyeron reclamos contra el TISA (acuerdo global de servicios).
Un paro en la enseñanza, sostuvo Larrañaga, genera un daño de proporciones y “excluye el ejercicio del derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban educación, y el derecho de los niños, adolescentes y adultos, a recibir una educación de calidad para prepararse mejor para su futuro. Estos derechos están reconocidos en la Constitución de Uruguay y nadie los garantiza de manera efectiva, por lo que se genera una situación de total desamparo”. Lo mismo ocurre cuando un paro interrumpe el servicio de transporte que brindan empresas privadas, opinó.
“Las autoridades no han interpretado adecuadamente las normas y entienden que los únicos servicios que no se pueden interrumpir son los esenciales en sentido estricto, los que atienden la vida, la salud y la seguridad. Las normas establecen que todos los servicios públicos deben funcionar, aún cuando se registre una huelga u otras medidas que afecten su continuidad o su prestación integral”, afirmó.
Larrañaga cuestionó asimismo los tiempos en que se toman las decisiones del Poder Ejecutivo cuando surgen paros, y señaló que muchas veces “por razones políticas o ideológicas se actúa tarde, cuando las medidas causaron efectos inmediatos y perniciosos para la población”.
“Con el nuevo gobierno tenemos expectativas de que esta realidad cambie, se armonicen y equilibren los derechos de manera que todos se puedan ejercer”. No obstante, dijo, ya se registraron medidas que afectaron la enseñanza pública y el transporte, y no se intervino”, advirtió.
Al analizar el conflicto entre derechos que chocan, Larrañaga recordó que la huelga está reconocida por la Constitución pero también hay otros derechos humanos que están reconocidos y tienen el mismo valor como: la igualdad, el derecho al trabajo, libertad, seguridad, salud, enseñanza y propiedad, entre otros.
“Por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga no puede anular el ejercicio del resto de los derechos de las personas que integran la sociedad uruguaya” afirmó.