Es mejor notificar, que perder plata

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.
Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.
Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.
Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.
En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.
Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.
Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.

Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.

Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.

Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.

En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.

Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.

Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.