Fernández Meijide: el valor de la democracia quedó instalado en Argentina

Graciela Fernández Meijide vio cómo se llevaban a su hijo de 17 años de casa en octubre de 1976. No volvió a saber de él. Fue el detonante para que se convirtiera en activista por los derechos humanos en Argentina, donde cree que el valor de la democracia “quedó instalado” tras la última dictadura. En una entrevista con Efe en Buenos Aires, asegura que, cuando el 24 de marzo de 1976 tuvo lugar el golpe que dio inicio a un régimen cívico-militar que se extendió hasta 1983, no fue rechazado mayoritariamente porque la violencia “había sido muy fuerte” en años anteriores. En su opinión, la sociedad se había acostumbrado a que, desde 1930, “el Ejército ponía orden cuando la política no resolvía los temas” y lo tomó como un levantamiento “ordenancista”, sin imaginar que su metodología iba a ser “tan salvaje y tan perversa”. “Se aprendió a apreciar lo que era una democracia y lo que era el respeto por los derechos humanos, durante y después de esa tragedia”, y el valor de ambos “quedó instalado”. Por ello, cuando Argentina ha vuelto a atravesar una gran crisis política o económica, como la de 2001, “a nadie se le ocurre llamar a los cuarteles, a los militares”, y cuando surge un caso en el que las fuerzas de seguridad pueden haber cometido un delito, “hay una demanda de esclarecimiento”, apunta Fernández Meijide.““Después de que secuestraran a su hijo “Pablito” -como ella lo recuerda- empezó a recopilar testimonios de personas que habían sufrido el mismo “drama” y a visibilizar sus reclamos. Primero, tanto a través de Madres de Plaza de Mayo como de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y después, solo en esta última. “En realidad iba a donde me dijeran que podía conseguir algún dato sobre mi hijo. No tenía claro qué iba a hacer. Con el tiempo, vi que, por mi forma de ser, mi organización intelectual y de gustos, estaba mejor en un lugar institucionalizado”, cuenta. Con el regreso de la democracia, entró a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) para documentar los casos de terrorismo de Estado. De ahí salió un informe que fue esencial para juzgar a las juntas militares de la dictadura, ya que registró la existencia de 380 centros clandestinos de detención y 8.961 desaparecidos.““Para la activista, la “grieta” de los derechos humanos implica cada vez a menos gente en el país y solo afecta a los militares que son juzgados y a familiares de víctimas, pero hay una a la que hay que prestar más atención: la que existe entre ese tercio de la población que vive bajo el umbral de la pobreza y los demás, que creen que pueden “prescindir” de ese sector. Esta división, en su opinión, es la que tienen que resolver los movimientos sociales y las “elites” políticas, religiosas y sindicales. Quien también fuera legisladora e integrante del Gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa (1999-2001), declara que con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en diciembre de 2015 se pensó “prejuiciosamente” que iban a terminar los juicios por el terrorismo de Estado, algo que, apunta, “no pasó”. Aun así, señala que la mayoría de integrantes del Gobierno “no tienen una especial sensibilidad” por este tema porque, por su edad y perfil, “no vivieron la intensidad de lo que fue la violación de los derechos humanos”.Irene Valiente. Buenos Aires, 4 mar (EFE).-







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