Fiscal uruguayo pide procesar a seis personas por torturas durante dictadura

Montevideo, 25 may (EFE).- El titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión para seis personas -cuatro militares, un médico y un juez-, por torturas durante la dictadura cívico-militar de Uruguay, que tuvo lugar entre 1973 y 1985. Así lo afirma la sentencia publicada hoy en el portal de la Fiscalía, donde se detallan las declaraciones de las víctimas y varios de los apremios físicos a los que eran sometidos.
La denuncia surgió en 2011 por parte de varias personas que durante la década de 1970 fueron torturadas en el Batallón de Ingenieros Nº4, ubicado en la localidad de Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, al sureste del país.
Las víctimas eran “jóvenes estudiantes de entre dieciocho y veinticinco años”, detalla el escrito de la Fiscalía, que además añade que varias de ellas pertenecían al Comité de Resistencia Antifascista (CRAFT), al Movimiento Marxista (MM) y a otros grupos que se dedicaban a realizar “propaganda contra la dictadura”.
“Por dichas conductas fueron sometidos a diversos apremios físicos y privados de su libertad por varios años”, añade el documento, que señala que la mayoría de las agresiones consistían en plantones (estar parado con las manos detrás de la nuca y las piernas separadas por muchas horas), submarinos, golpizas y descargas eléctricas.
El fiscal Perciballe señaló a la emisora local Radio Uruguay que los hechos denunciados se encuentran dentro de lo que era “normal” durante la época de la dictadura, cuando se detenía a una persona y se la interrogaba bajo tortura.
Sin embargo, explicó que la diferencia en el caso de esta denuncia conjunta de los exreclusos del Batallón Nº4 es que se trataba de personas “muy jóvenes” y relacionadas con “cosas muy menores contra la dictadura”.
En ese sentido, explicó que las víctimas fueron detenidas, entre otras cosas, por difundir volantes contra la dictadura, así como pegar afiches en las calles y por portar un cartel.
Según consigna el escrito del fiscal, “no cabe ninguna duda de que los hechos descritos” se encuadran dentro de la ley 18.026, referida a la cooperación con la corte penal internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De esta manera, el fiscal se basó en el artículo 22 de esa normativa, referido a la tortura, entendida como “todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales”, así como el “sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y todos los actos “tenientes a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental”.







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