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Fiscales «lamentan» anulación de condenas por matanza en Paraguay en 2012

Asunción, 27 jul (EFE).- Los fiscales encargados de la matanza de Curuguaty, que causó la muerte 17 personas y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, dijeron hoy «lamentar» el fallo de la Corte Suprema del jueves, que anuló las condenas de once personas y ordenó su puesta en libertad.

La fiscal Liliana Alzaraz calificó el falló de «insólito» y dijo «que quiebra toda la institucionalidad del Estado» en una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía.

Por su parte, el representante de la Fiscalía, Augusto Salas, manifestó el «absoluto apoyo (de la institución) al trabajo de los agentes fiscales que han intervenido en esa causa, pues se han respetado todas las garantías legales y constitucionales».

La Corte Suprema resolvió el jueves la absolución de los once campesinos condenados por la matanza y anuló la sentencia al existir deficiencias en el proceso que imposibilitan determinar la responsabilidad personal de los acusados.
En ese sentido, Salas aseguró que se probaron «absolutamente todos los hechos punibles, por lo que nuestra preocupación radica en la nulidad que ha dictado el tribunal sin asidero legal suficiente».

Y Alcaraz argumentó que los magistrados de la Corte Suprema entraron a valorar las pruebas, cuando «el único órgano habilitado para fijar los hechos y valorar las pruebas es el Tribunal de Sentencia, no a través de una segunda o tercera instancia», como es el caso de dicha Corte, última instancia de apelación del país.

“La insólita resolución de la Corte produce un profundo daño a las instituciones de la República», sentenció la fiscal.

Además, el fiscal Nelson Ruiz afirmó que el mensaje enviado a la ciudadanía es «nefasto» puesto que lo señalado en el fallo de la Corte Suprema «dista bastante de la realidad» respecto a la «horfandad probatoria» de la sentencia.

E insistió en que «no sólo hubo pruebas directas sino también indicios sumatorios que señalaban en la dirección de nuestra teoría».

Ruiz añadió que el dictamen de la Corte Suprema «cercena al Ministerio Público la posibilidad de reencausar nuevamente el proceso», y puso de manifiesto los votos discordantes de los tres magistrados de la sala penal de la Corte Suprema.

En su resolución, dos de ellos votaron por la nulidad del proceso y uno por la absolución, y al final el fallo dictó ambas, lo que implica que el juicio no se puede volver a celebrar, ni reabrir la investigación.

Cuando lo que correspondía a la Corte era anular el proceso y que se volviera a hacer, argumentó la Fiscalía.

Los fiscales anunciaron además que se encuentran estudiando las acciones con las que responderán al dictamen de la Corte Suprema, incluyendo la recusación de los miembros de la sala penal que dictaminaron la resolución del caso Curuguaty.

Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que les incriminara y pidieron su absolución, y se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos.

La masacre de Curuguaty se produjo en junio de 2012 durante el desalojo policial de una finca ocupada por campesinos y murieron 11 de ellos y seis policías, por cuyas muertes un tribunal dispuso en 2016 penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados.

La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal (actual líder de la oposición) para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político. EFE