Informe del diario El País desnuda situación de los servicios de inteligencia del país y sistema de escuchas

La puesta en marcha de El Guardián puso en el tapete las garantías del “espionaje estatal”.
Este mes el Ministerio del Interior puso oficialmente en marcha El Guardián, sistema adquirido «en secreto» a mediados de 2013 que potencia y centraliza la vigilancia de las comunicaciones (llamadas, correos electrónicos y redes sociales) a cargo de 22 unidades del Ministerio del Interior. La herramienta, que comenzó a implementarse en medio de una polémica, forma parte de una política dirigida a fortalecer los servicios de Inteligencia del Estado. Tras la compra del Guardián, en mayo de 2014 y también en secreto, el Ministerio del Interior se interesó en adquirir Galileo, un controvertido programa de espionaje que, de forma totalmente invisible, infecta los dispositivos de la persona vigilada, permitiendo sustraer datos, mensajes, llamadas y correos. El sistema interesó a las autoridades pero no se compró por falta de crédito presupuestal.
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El País explicaron que en la última década ha aumentado «sensiblemente» el presupuesto y la dotación de recursos humanos destinados a las tareas de Inteligencia y lo justificaron por «el incremento de la actividad de organizaciones dedicadas al delito transnacional (drogas, trata, lavado)» y «nuevas amenazas» a la seguridad nacional, como el terrorismo. No obstante, cualquier información vinculada al tema, ya sea presupuesto, recursos humanos o número de escuchas, es considerada un secreto de Estado.
Las vigilancias electrónicas están permitidas por ley y su fruto es una prueba admitida por la Justicia. Hay dispositivos para realizar escuchas e interceptar correos electrónicos en dependencias de los ministerios de Interior y Defensa, Aduanas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea. Fuentes consultadas estimaron que en todo el Estado hay «centenares» de funcionarios dedicados a hacer inteligencia y que el material que se obtiene se analiza en ámbitos «compartimentados» y bajo procedimientos sobre «los que en muchos casos no se rinde cuenta».
Modernizar los dispositivos para llevarlas a cabo es una necesidad para los Estados frente al poder del crimen organizado. Sin embargo, el debate sobre el uso racional de técnicas de vigilancia que violan derechos elementales de las personas y las garantías que el Estados debe ofrecer sigue sobre la mesa.
En la detención del narco mexicano líder del cartel de Los Cuinis, el ministro Bonomi dijo que se había usado El Guardián y días después debió corregir, lo negó pero al mismo tiempo admitió que el sistema se había utilizado en otros dos casos, con autorización judicial pero sin la firma electrónica que exige el protocolo acordado con la Suprema Corte. La situación provocó una fuerte reacción política. Pero más allá del caso puntual, la Suprema Corte, abogados defensores, actores políticos, representantes de la sociedad civil y académicos coinciden en que el marco legal que hoy rige las tareas de Inteligencia del Estado no es suficiente para darle garantías a la ciudadanía.
Te escucho
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank LaRue, ha señalado que «la vigilancia de las comunicaciones debe ser entendida como un acto altamente intrusivo que potencialmente interfiere con los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y amenaza las bases de una sociedad democrática».
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo a El País que los jueces y fiscales «tratan de hacer un uso prudente» de la vigilancia electrónica, aunque admitió: «ahora hay una tendencia, por la eficacia del sistema, a utilizarlo en delitos que no son graves y eso no es lo más conveniente porque hay que graduar la herramienta en función del grado de afectación del derecho de las personas. La interceptación de llamadas y correos electrónicos deja expuesta toda la vida privada de la persona y por más que la documentación se utilice con fines adecuados a la investigación, hay que pensar que también quedan expuestos terceros y todos tenemos derecho a no tener injerencias ilegales en nuestra vida privada. Por eso hay que graduar el uso de estas herramientas», explicó.
En el caso del Guardián, Pérez Manrique puntualizó que su uso «es un tema del Ministerio del Interior» y el Poder Judicial solo dicta las órdenes. La Suprema Corte recibirá información de las empresas de telecomunicaciones sobre las medidas de interceptación efectivizadas para compararlas con las órdenes judiciales libradas. Eventualmente, así se podrán detectar inconsistencias. «El Poder Judicial no está en condiciones de hacer un control directo del Guardián», afirmó el presidente de la Suprema Corte.
Fuentes judiciales dijeron a El País que si bien la normativa señala claramente que no «debe» hacerse la escucha sin orden judicial, no están en condiciones de asegurar que el sistema sea garantista.
El vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Marcos Seijas, entiende que hay un uso racional de las vigilancias electrónicas.
«El esclarecimiento del delito y el valor justicia se imponen al derecho a la intimidad. En casos graves en los cuales se justifica la vigilancia electrónica, como con el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, homicidios, copamientos, se protege el interés general y, particularmente, el bien jurídico vulnerado a la víctima, por sobre la intimidad del presunto victimario», señaló. Agregó que «se ha incrementado el uso de la vigilancia electrónica», un método que «debe practicarse cuando no existen otros medios de prueba más eficaces o disponibles. No entiendo que haya abuso en ese sentido», afirmó. Para Seijas, «el avance tecnológico es importante y continuo. Las organizaciones criminales nacionales y transnacionales cuentan con tecnología necesaria y sofisticada para la preparación y ejecución de los crímenes. Por eso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público ni la Policía pueden estancarse y perseguir el crimen utilizando medios obsoletos».
El presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello, consideró que la puesta en marcha del Guardián tiene un lado positivo ya que centraliza lo que hacían 22 sistemas de escucha independientes «que eran un peligro», aunque al mismo tiempo «se potencia la capacidad de interceptación y contralor, lo que obliga a mejorar las garantías».
«Hace algo más de un año tuvimos una amable entrevista con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y le propusimos que El Guardián tuviera una auditoría externa al Ministerio que diera garantías a todas las partes. Debe haber certeza sobre las interceptaciones y los registros que se obtienen. También pedimos un mecanismo automático que eximiera de interceptar las comunicaciones entre quien está siendo investigado y su abogado, algo que es ilegal. Meses después presentamos algunas otras propuestas pero hasta ahora no hemos tenido respuesta», explicó Xavier De Mello.
El Colegio de Abogados también espera que se lleve un registro de todas las personas que hayan sido objeto de interceptación para que ellas puedan consultar si lo creen necesario. «Tomamos como ejemplo lo que ocurrió en Alemania Oriental donde había un registro de quienes habían sido escuchados. Los que allí figuraban podían averiguar el motivo de la vigilancia», dijo Xavier De Mello.
«Es un tema delicado y es necesario determinar con claridad por cuántas manos pasa la información, qué pasa con el material que se descarta, qué ocurre con quienes fueron escuchados pero no formaban parte de la investigación, etc. Es un tema muy sensible para los derechos de las personas», sostuvo el abogado.
Agregó que «el avance de la tecnología obliga a mejorar la legislación para proteger a la gente frente a sistemas que son cada vez más invasivos. Esto cambia tanto que en algún momento se puede ir de madre. Los derechos básicos de la gente no pueden ser violados por un gran hermano que sigue creciendo».
El presidente de la Suprema Corte admitió que hay un «terreno resbaladizo» cuando quedan involucrados en las escuchas terceros que no forman parte de la investigación. Otro aspecto gris tiene que ver con la conservación y destrucción del material colectado. «Debería haber un protocolo para garantizar que ese material no será en el futuro un elemento de presión para la persona que fue vigilada. Francamente no sé si esto está regulado», dijo Pérez Manrique.
Las grabaciones se guardan hasta el cumplimiento de la condena y el actuario de la sede las conserva en la caja fuerte del juzgado.
Seijas admitió que quienes fueron vigilados en el marco de una investigación pero luego, por diferentes razones, no forman parte de la causa, no son notificados que sus comunicaciones fueron interceptadas. «Generalmente no se hace. Ministros de Tribunales de Apelaciones en lo Penal han entendido que sí debe notificase a quien fue objeto de interceptación telefónica y así lo han sugerido. No obstante, se debe ser cuidadoso en caso de que se pueda retomar la investigación. Es un tema para pensar porque tiene varias aristas», sostuvo Seijas.
El abogado Fabrizio Scrollini, máster en Políticas Públicas en la Universidad de Victoria (Nueva Zelandia) y miembro fundador de organizaciones dedicadas a la protección de datos personales, consideró que el protocolo entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte para manejar El Guardián es un «positivo paso inicial» aunque «es necesario que exista también transparencia hacia la sociedad y al Parlamento. En su formato actual, el memorándum es insuficiente para una regulación global de la interceptación de comunicaciones en el país».
«El Ministerio ha tratado de comunicar mejor lo que hace este software y eso es positivo. Pero no sustituye un protocolo de rango legal, con salvaguardas y auditorías. Mal organizada su ejecución, El Guardián podría presentar riesgos jurídicos, incluso al cumplir con la misión para la que teóricamente fue comprado. El Guardián es solo el comienzo de una serie de tecnologías que ha adquirido el Ministerio. La falta de transparencia en las compras, sumada a que muchas de estas tecnologías tienen implicancias en términos de derechos humanos, hacen que sea necesaria la supervisión parlamentaria», detalló.
Para Scrollini, «el Ministerio debe demostrar que sus nuevas capacidades tecnológicas son relevantes y útiles para proteger a la sociedad, no para oficiar de gran hermano. Y la única forma de hacer esto es transparentando su gestión frente a la sociedad y frente a los representantes que el pueblo eligió».