Juez chileno Mario Carroza separa a funcionario por decir que causas DDHH son «venganza»

Le abrió investigación administrativa

Santiago de Chile, 6 ene (EFE).- El juez Mario Carroza separó de sus funciones a un actuario de la Corte de Apelaciones que trabaja con él en varias causas de derechos humanos tras enterarse de que en redes sociales difundió mensaje calificando esos procesos como «venganza».
El juez Carroza, que ha llevado emblemáticos casos de derechos humanos, informó este sábado que el funcionario identificado como Francisco J. Castillo, fue desvinculado temporalmente de su cargo y se abrió una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades.
«Me ha llegado toda la información y hay mucha preocupación, es una situación grave. Por esto se ha decidido separarlo en este tiempo de sus actividades y comenzar una investigación sumaria con el propósito de tomar alguna decisión definitiva», explicó el juez en declaraciones a Radio Universidad de Chile.
Castillo publicó en su cuenta de Facebook, luego de la muerte de un reo en Punta Peuco, el pasado 1 de marzo, el siguiente mensaje: «porque de primera mano sé que lo que se busca no es justicia, es VENGANZA».
Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construida en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel «cinco estrellas», con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
Además, este abogado y funcionario del poder judicial expresó abierta simpatía y respaldo a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast, a las elecciones presidenciales del pasado 19 de noviembre. Además se tomó una foto con Kast y la subió a su cuenta de esa red social.
La abogada de derechos humanos y diputada electa del Partido Comunista, Carmen Hertz, dijo a la misma radio que el hecho es sumamente grave, debido a la posibilidad de que el actuario pudiera facilitar información a militares que se encuentren con causas abiertas.
»Sin duda que si un funcionario del poder judicial que trabaja con un ministro (juez especial) que está investigando causas de violaciones a los derechos humanos, manifiesta una opinión política públicamente es completamente inadecuado», expresó Hertz, quién sufrió la muerte de su esposo Carlos Berger, a manos de los militares durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos solicitó una reunión con el ministro Carroza para el próximo lunes con el fin de analizar esta situación.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. EFE







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