La actuación de la Dra. Larrieu traduce la independencia del Poder Judicial uruguayo

La independencia es uno de los principios que rigen la labor judicial, tanto desde ese poder del Estado, como desde el Ministerio Público y Fiscal, que aún estando bajo la órbita del Poder Ejecutivo, mantiene la independencia en sus

Hugo Lemos

Hugo Lemos

criterios a la hora de elaborar un dictamen en un caso que se está dilucidando sin importar quién sea el acusado.
Uruguay está entre los cinco primeros países del continente con independencia judicial, lo que habla a las claras del cumplimiento del principio de separación de poderes, que en este caso se cumple desde el plano de la acción de los magistrados, algo que debería ser natural en cualquier república, pero dado el contexto regional, la situación de nuestro país es prodigiosa.
¿A qué viene todo esto? A que cuando la Suprema Corte de Justicia decidió el traslado de la entonces jueza penal, Mariana Mota, a una sede civil, la misma fue cosificada como un emblema de la lucha por los derechos humanos desde el ámbito judicial, ya que además la magistrada de marras había participado de una de las ediciones de la Marcha del Silencio, que cada 20 de mayo se hace en el país, en memoria por los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar.
Esto en realidad hizo que interfiriera el principio de imparcialidad al que debe ceñirse estrictamente por su rol de jueza de casos de desaparecidos, colidiendo con su fuero subjetivo, lo que podría teñir de prejuzgamiento alguno de sus dictámenes.
Empero, tomando en cuenta que ese traslado de la jueza Mota de la materia penal a la civil es algo habitual entre los jueces y que ni la propia Mariana Mota esperaba haber tomado un protagonismo de esa envergadura ante los activistas de derechos humanos, al punto que todos recordamos aquella manifestación de la organización radical Plenaria Memoria y Justicia, entre los que se encontraban celebridades como Irma Leites o Jorge Zabalza, que intentaron ocupar el Palacio Piria donde funciona el máximo órgano del Poder Judicial.
Tras cartón, apareció una discreta y hasta desconocida para los medios de comunicación, jueza Beatriz Larrieu, la cual había ejercido antes en Salto y en Colonia, como destacadísima magistrada, de buen trabajo, independiente, compromiso con la función y sumamente correcta a la hora de tratar con los medios de comunicación, siempre con un discurso coherente y contundente.
Desde que asumió su función como jueza penal de 7º turno de la capital, Larrieu, a quien todos recordamos en distintas actuaciones de casos sonados en nuestro medio, se ha destacado por su desempeño en diferentes casos vinculados a la violación de los derechos humanos.
Entre ellos el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix, quien al conocer la decisión se suicidó en su propia casa, así como también en el último caso de esta misma índole donde tras un allanamiento a un domicilio, incautaron una voluminosa información sobre la dictadura (1973-1985) en un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni.
“El allanamiento se produjo a solicitud del denunciante en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006. El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo”, según informó la página web del Ministerio Público y Fiscal (www.fiscalia.gub.uy)
Si bien a Beatriz Larrieu ninguna organización de derechos humanos le ha hecho un reconocimiento a su labor como en el caso de su antecesora, la misma demuestra que el Poder Judicial se desempeña con total independencia, ya que si su puesto hubiera sido una “movida política” para parar la mano con las detenciones a los responsables de los delitos de lesa humanidad en el Uruguay, tal como argumentaban los ultras, los resultados de las actuaciones de esta magistrada habrían sido muy diferentes.
Pero en definitiva, al ciudadano de a pie le queda con estas actuaciones la garantía de que el Poder Judicial de nuestro país se maneja con independencia, lo que por el momento lo hace merecedor de confianza.







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