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La arbitraria alarma pública

Cuando un caso de violencia o un hecho de la crónica policial cobra demasiada importancia, ya sea por la magnitud del episodio que ha generado cierta conmoción en la opinión pública o porque los involucrados son personas públicas, es decir: políticos, empresarios, o personalidades del medio, se desata lo que se denomina la “alarma pública”.
Además de tratarse de una nominación espontánea y atípica de un hecho concreto, es  algo inventado por quienes hacen política legislativa para pasarle el fardo a la prensa de las decisiones que luego adopta un juez penal, a la hora de mandar presa a una persona. Para que se entienda, cuando hay un caso importante y los jueces no saben bien qué decisión tomar con el involucrado, esperan el impacto de la prensa y si es alto, por las razones que fueren, lo mandan preso aunque su condición de primario y el tenor del delito imputado no lo ameriten.
Este tipo de cosas son en cierta medida un uso indebido del trabajo de los medios de comunicación por parte de la justicia, o más aún, son un abuso del manejo que hacemos los medios de los distintos temas que se producen en nuestra comunidad.
En primer lugar porque los magistrados no pueden medirle el aceite a la prensa y según con el tenor y la saña con la que algunos medios publican algunas cosas, como generan un impacto social importante, entonces no podemos dejarlo ir aunque técnicamente sea viable su procesamiento sin prisión y entonces lo mandamos preso, causando un daño mayor al encausado por el mero hecho de la bendita “alarma pública”.
Cuando este tipo de cosas se producen, es cuando el sistema de administración de justicia pone a prueba su independencia técnica y da lugar a que la gente piense que sus fallos se ven influenciados por una chusma enrarecida, que solo busca que cuelguen de la plaza pública al que hizo un determinado mal dejando su suerte a merced de los opinólogos sin fundamento, que pueden llegar a ser muchos periodistas, los que matan al chivo expiatorio sin adentrarse en los pormenores del sistema.
Hace un tiempo, cuando la validez de la alarma social (la que es mencionada en el Código del Proceso Penal como un factor de incidencia para que el magistrado envíe a prisión al denunciado en el caso de que su caso haya tomado estado público y haya causado alarma social) se ponía en debate a través de un medio de comunicación capitalino, una magistrada que fue consultada al respecto, dijo que si bien la misma no estaba conceptualizada y tipificada en forma específica, y por lo tanto no tenía establecido aspectos determinados que pusieran límites a su definición, para ella la alarma pública era el impacto que causaban los medios en cuanto a un caso determinado.
“Si yo me subo al ómnibus y están hablando del caso, y voy al supermercado y están hablando de lo mismo, y después voy al colegio de mi hijo y también están conversando sobre el mismo tema, es porque el caso causó tal impacto a través de la difusión que le dieron los medios de comunicación que yo tengo que tomar una decisión en base a la alarma pública que generó ese hecho”, palabras más, palabras menos expresaba la magistrada en la entrevista con ese medio de la capital.
Entonces me pregunto, si los jueces van a cobrar al grito de la tribuna y en base a los comentarios que la gente haga en la calle de los hechos que suceden, en función de la subjetividad del medio de comunicación que lo transmitió, porque hay que ver cómo lo hizo y en base a qué lo hizo ¿qué garantías me da el sistema judicial de que va a fallar conforme a derecho y en función de lo que marque la ley para estos casos en forma objetiva y concreta?
Tomando el concepto que tiene esa magistrada de lo que significa la alarma pública y de la incidencia que ésta tiene, ninguno. No tengo garantías de nada y estoy expuesto a que sea la opinión pública la que me condene, como si estuviera en uno de esos programas de televisión, creo que se llamaban La Corte del Pueblo o algo por el estilo, donde la chusma era la que decidía qué pena tenían que tener los denunciados.
Este tipo de cosas no solo son graves, sino que además atentan contra la libertad de las personas, contra derechos constitucionales básicos como es el debido proceso y el del juicio justo, y contra el concepto de lo que esto significa que es seguir al pie de la letra y en forma rigurosa los procedimientos tal cual están establecidos en los respectivos códigos y leyes anexas.
La alarma pública es un concepto vago e impreciso, que deja al arbitrio de lo que la gente opine en la calle la decisión de un juez, nada más y nada menos que sobre la libertad de una persona. Además la Justicia no puede cobrar al grito de la tribuna, eso es lo que se enseña en cualquier Facultad de Derecho de cualquier país del mundo a cuyo orden jurídico estén atados sus habitantes. Incluso lo han dicho los propios representantes del Poder Judicial, que ningún juez puede fallar en función de lo que le diga o le pida la gente en la calle, empero, con el criterio de la jueza que dio la entrevista y su concepción de lo qué es la alarma pública, parece que en Uruguay sí pueden.
Pero el peor de los temas y que especialmente me toca más de cerca aún, es que en estos casos la responsabilidad de todo, los magistrados ni lerdos ni perezosos, se la trasladan a los medios de comunicación. A según el criterio que tenga la prensa en ese momento en base a la responsabilidad profesional con la que se manejen o incluso, y lo que es peor, porque lamentablemente sucede y Salto no queda afuera, en base a la intencionalidad espuria con la que pueda actuar el director de ese medio que dio el informe a su leal saber y entender sobre el caso.
Si quiere enchastrar a alguien y su medio de comunicación se prende con fuerza de un caso que en realidad no es diferente a otros y quizás hasta de menor tenor, pero lo hace a sabiendas y el juez escucha una conversación sobre el asunto en la fila de un cajero, o en el pasillo de una mutualista, o en un club privado donde sobre todo por la mañana muchos “hombres de negocios” se juntan para hacer gimnasia y crucificar a cuanto santo haya en la calle, con el fin de cumplir con el concepto de que los hombres también somos chusmas, entonces ese magistrado llega a su sede y dictamina sin asco, un procesamiento con prisión que bien puede ser evitado, pero que por culpa de la prensa, que le agregó el factor determinante que fue lograr el chusmerío del asunto en la calle, el sujeto va a la cárcel.
Se trata de un tema serio, muy importante y del que nadie ha reparado hasta ahora, ni los medios de comunicación han puesto el grito en el cielo porque la ley nos haya involucrado gratuitamente en una parte fundamental del proceso judicial, como el hecho de que un juez adopte una decisión tan arbitraria como injusta, ni los jueces han pedido a los legisladores argumentos más sólidos y que clarifiquen el concepto de alarma pública, para al menos estar seguros de lo que están haciendo, cuando basados en los dimes y diretes de la opinión pública, pueden estar robándole la libertad a una persona, acaso el bien jurídico más sagrado que tiene el ser humano.
Ojalá haya más discusiones sobre este asunto y se puedan definir cuestiones tan importantes como necesarias para garantizar la libertad de todos y hacer del magro sistema judicial uruguayo, algo un poco más justo.

Cuando un caso de violencia o un hecho de la crónica policial cobra demasiada importancia, ya sea por la magnitud del episodio que ha generado cierta conmoción en la opinión pública o porque los involucrados son personas públicas, es decir: políticos, empresarios, o personalidades del medio, se desata lo que se denomina la “alarma pública”.

Además de tratarse de una nominación espontánea y atípica de un hecho concreto, es  algo inventado por quienes hacen políticajusticia legislativa para pasarle el fardo a la prensa de las decisiones que luego adopta un juez penal, a la hora de mandar presa a una persona. Para que se entienda, cuando hay un caso importante y los jueces no saben bien qué decisión tomar con el involucrado, esperan el impacto de la prensa y si es alto, por las razones que fueren, lo mandan preso aunque su condición de primario y el tenor del delito imputado no lo ameriten.

Este tipo de cosas son en cierta medida un uso indebido del trabajo de los medios de comunicación por parte de la justicia, o más aún, son un abuso del manejo que hacemos los medios de los distintos temas que se producen en nuestra comunidad.

En primer lugar porque los magistrados no pueden medirle el aceite a la prensa y según con el tenor y la saña con la que algunos medios publican algunas cosas, como generan un impacto social importante, entonces no podemos dejarlo ir aunque técnicamente sea viable su procesamiento sin prisión y entonces lo mandamos preso, causando un daño mayor al encausado por el mero hecho de la bendita “alarma pública”.

Cuando este tipo de cosas se producen, es cuando el sistema de administración de justicia pone a prueba su independencia técnica y da lugar a que la gente piense que sus fallos se ven influenciados por una chusma enrarecida, que solo busca que cuelguen de la plaza pública al que hizo un determinado mal dejando su suerte a merced de los opinólogos sin fundamento, que pueden llegar a ser muchos periodistas, los que matan al chivo expiatorio sin adentrarse en los pormenores del sistema.

Hace un tiempo, cuando la validez de la alarma social (la que es mencionada en el Código del Proceso Penal como un factor de incidencia para que el magistrado envíe a prisión al denunciado en el caso de que su caso haya tomado estado público y haya causado alarma social) se ponía en debate a través de un medio de comunicación capitalino, una magistrada que fue consultada al respecto, dijo que si bien la misma no estaba conceptualizada y tipificada en forma específica, y por lo tanto no tenía establecido aspectos determinados que pusieran límites a su definición, para ella la alarma pública era el impacto que causaban los medios en cuanto a un caso determinado.

“Si yo me subo al ómnibus y están hablando del caso, y voy al supermercado y están hablando de lo mismo, y después voy al colegio de mi hijo y también están conversando sobre el mismo tema, es porque el caso causó tal impacto a través de la difusión que le dieron los medios de comunicación que yo tengo que tomar una decisión en base a la alarma pública que generó ese hecho”, palabras más, palabras menos expresaba la magistrada en la entrevista con ese medio de la capital.

Entonces me pregunto, si los jueces van a cobrar al grito de la tribuna y en base a los comentarios que la gente haga en la calle de los hechos que suceden, en función de la subjetividad del medio de comunicación que lo transmitió, porque hay que ver cómo lo hizo y en base a qué lo hizo ¿qué garantías me da el sistema judicial de que va a fallar conforme a derecho y en función de lo que marque la ley para estos casos en forma objetiva y concreta?

Tomando el concepto que tiene esa magistrada de lo que significa la alarma pública y de la incidencia que ésta tiene, ninguno. No tengo garantías de nada y estoy expuesto a que sea la opinión pública la que me condene, como si estuviera en uno de esos programas de televisión, creo que se llamaban La Corte del Pueblo o algo por el estilo, donde la chusma era la que decidía qué pena tenían que tener los denunciados.

Este tipo de cosas no solo son graves, sino que además atentan contra la libertad de las personas, contra derechos constitucionales básicos como es el debido proceso y el del juicio justo, y contra el concepto de lo que esto significa que es seguir al pie de la letra y en forma rigurosa los procedimientos tal cual están establecidos en los respectivos códigos y leyes anexas.

La alarma pública es un concepto vago e impreciso, que deja al arbitrio de lo que la gente opine en la calle la decisión de un juez, nada más y nada menos que sobre la libertad de una persona. Además la Justicia no puede cobrar al grito de la tribuna, eso es lo que se enseña en cualquier Facultad de Derecho de cualquier país del mundo a cuyo orden jurídico estén atados sus habitantes. Incluso lo han dicho los propios representantes del Poder Judicial, que ningún juez puede fallar en función de lo que le diga o le pida la gente en la calle, empero, con el criterio de la jueza que dio la entrevista y su concepción de lo qué es la alarma pública, parece que en Uruguay sí pueden.

Pero el peor de los temas y que especialmente me toca más de cerca aún, es que en estos casos la responsabilidad de todo, los magistrados ni lerdos ni perezosos, se la trasladan a los medios de comunicación. A según el criterio que tenga la prensa en ese momento en base a la responsabilidad profesional con la que se manejen o incluso, y lo que es peor, porque lamentablemente sucede y Salto no queda afuera, en base a la intencionalidad espuria con la que pueda actuar el director de ese medio que dio el informe a su leal saber y entender sobre el caso.

Si quiere enchastrar a alguien y su medio de comunicación se prende con fuerza de un caso que en realidad no es diferente a otros y quizás hasta de menor tenor, pero lo hace a sabiendas y el juez escucha una conversación sobre el asunto en la fila de un cajero, o en el pasillo de una mutualista, o en un club privado donde sobre todo por la mañana muchos “hombres de negocios” se juntan para hacer gimnasia y crucificar a cuanto santo haya en la calle, con el fin de cumplir con el concepto de que los hombres también somos chusmas, entonces ese magistrado llega a su sede y dictamina sin asco, un procesamiento con prisión que bien puede ser evitado, pero que por culpa de la prensa, que le agregó el factor determinante que fue lograr el chusmerío del asunto en la calle, el sujeto va a la cárcel.

Se trata de un tema serio, muy importante y del que nadie ha reparado hasta ahora, ni los medios de comunicación han puesto el grito en el cielo porque la ley nos haya involucrado gratuitamente en una parte fundamental del proceso judicial, como el hecho de que un juez adopte una decisión tan arbitraria como injusta, ni los jueces han pedido a los legisladores argumentos más sólidos y que clarifiquen el concepto de alarma pública, para al menos estar seguros de lo que están haciendo, cuando basados en los dimes y diretes de la opinión pública, pueden estar robándole la libertad a una persona, acaso el bien jurídico más sagrado que tiene el ser humano.

Ojalá haya más discusiones sobre este asunto y se puedan definir cuestiones tan importantes como necesarias para garantizar la libertad de todos y hacer del magro sistema judicial uruguayo, algo un poco más justo.

Hugo Lemos