La cruzada para detener los ataques de ácido en Colombia estudia el endurecimiento de las penas

El Congreso discute castigar hasta con 50 años de cárcel a los responsables de ataques con productos químicos.
Laura Daniela Lagos tiene 15 años y es la última víctima de un ataque con ácido en Colombia. Su agresora, Dayana Buitrago, otra joven de 18 años, era su mejor amiga y estudiaban en el mismo colegio. Pero esa amistad dio un trágicoacidoAtaque giro el jueves pasado cuando Lagos salía de su casa en el norte de Bogotá y Buitrago le arrojó un producto químico que le quemó el lado izquierdo de su cara, parte del cuello, la lengua y los labios. Las causas que llevaron a Buitrago a cometer el ataque no se conocen todavía. Desde el incidente, la menor permanece en un hospital y tendrá que someterse a numerosas cirugías, mientras que su otrora amiga -que, según el diario colombiano El Tiempo, no reconoció los cargos por tentativa de homicidio- está tras las rejas a la espera de un juicio.
El ataque ha encendido de nuevo las alarmas en un país donde continúan saliendo a la luz más casos de ataques con sustancias químicas. Desde 2012, la Fiscalía ha registrado 190 ataques, de los cuales el 71% se cometieron contra mujeres, y la mayoría tuvieron lugar en Bogotá. El caso más emblemático es el de Natalia Ponce de León, quien hace un año sufrió el ataque más violento que se ha registrado en Colombia. Ponce, de 33 años, estuvo a punto de morir cuando un hombre, obsesionado con ella desde hacía tiempo, le arrojó ácido en dos ocasiones causándole quemaduras en la tercera parte del cuerpo y dejándola prácticamente sin rostro.
La joven, que se ha sometido a 16 cirugías, se ha armado de valor en medio de su recuperación para hablar no solo de su dolor, sino también de lo que llama su “resurrección”, y mostrarle su cara al país. Hace dos semanas, en el juicio contra su agresor, Ponce, que siempre lleva puesta una máscara transparente, narró cómo es vivir con la huella imborrable del ácido. Contó que además del rostro, también resultaron afectados la zona abdominal, los brazos y las piernas. “Alcancé a tragar ácido, lo que me afectó las vías respiratorias. Esa fue la parte más dura”, explicó.
Desde 2012, la Fiscalía ha registrado 190 ataques
contra mujeres
También ha alzado la voz para decir “aquí estoy, sigo adelante”. La muestra no es solo su recuperación física, sino su decisión de luchar para que nadie más pase por la misma tortura. Hace unos días se presentó en el Congreso para pedirle a los parlamentarios que saquen adelante un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los atacantes con ácido.
Durante su intervención en el Congreso, Ponce afirmó: “El problema no es solo mío, es de todos, y si no se controla y las penas no son drásticas, van a seguir sucediendo estas torturas”, dijo. Ponce, que creó una fundación que lleva su nombre, también ha denunciado que no se está cumpliendo con la ruta de atención a las víctimas, para quienes cada minuto es vital una vez que el ácido entra en contacto con su cuerpo.
El proyecto de ley ya pasó dos de cuatro debates. El objetivo es que los ataques con ácido se consideren delitos en sí mismos y no como ahora, que se consideran una lesión personal y se castiga, como máximo, con 12 años de cárcel. De ser aprobado, se endurecerían las penas que llegarían hasta los 50 años de prisión. “El panorama es alarmante porque solo en los primeros tres meses del año se registraron 133 víctimas de ataques con ácido y otras sustancias químicas”, dice el parlamentario Carlos Guevara, uno de los autores del proyecto de ley. Para Guevara, lo que revelan las estadísticas es que el ácido ya se utiliza como si fuera un arma y en casos tan preocupantes como la venganza escolar.
Productos asequibles
Gina Potes, cuyo caso fue el primero que se conoció y se denunció en el país, hace ya 18 años, también fue escuchada en el Congreso. Esta mujer, quien empezó a visibilizar el drama de los ataques con ácido en 2012, cuando creó la Fundación Reconstruyendo Rostros, insiste en que además de endurecer las penas también debe haber un seguimiento riguroso a la comercialización de los químicos. “Cualquiera los consigue en la esquina de su casa por poco valor y el daño que causan es irreversible”, dice.
El colectivo que lidera, de unos 40 sobrevivientes, se ha movilizado para exigir atención médica adecuada, tener acceso a cirugías y a puestos de trabajo, entre otras prioridades. El camino no ha sido nada fácil. Gina, por ejemplo, ha pasado por 26 cirugías y pronto vendrá la siguiente. “Esto aún no termina”, dice. Por eso le duele tanto lo que le ocurrió a Laura Daniela la semana pasada. “Yo tenía tan solo 20 años cuando me atacaron y me ha significado toda una vida de recuperación. Ahora pienso en lo que le espera a esta joven de 15 años, que para mayor indignación fue atacada por otra mujer”. Y así resume lo que espera que suceda en Colombia: “Exigimos penas reales, para sufrimientos reales”.







El tiempo


  • Otras Noticias...