La culpa es de los “tira piedras”

En el año 2006, cuando el entonces y actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, emitió el Decreto

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Nº156/2006 que reconocía a la ocupación como extensión del derecho huelga (amparado en el artículo 57 de la Constitución de la República), algo hasta el momento visto como de dudosa legalidad, fue un hito para los trabajadores quienes sentían que ganaban varios rounds atrasados con las patronales, lo que en ese sentido aumentó la ola de protestas.
Este decreto vino en tiempos donde campeaba la conflictividad sindical por haberse generado un nuevo escenario en el mundo de las relaciones laborales a partir de la llegada de la izquierda al poder, la que contaba además con un parlamento compuesto por muchos exdirigentes sindicales, quienes en una escalada por incidir en la sociedad del modo al que hasta ese momento no lo habían logrado, aprobaron una andanada de leyes a favor de los trabajadores, buscando equilibrar según su concepto, a las partes en la balanza.
Esto último aún está en duda, porque muchas leyes son de una dualidad tal que han llegado a generar un desequilibrio en muchos casos, los que han ameritado conflictos irracionales y problemas en los que quienes terminaron perjudicándose, han sido los trabajadores. Entonces fue el gobierno de José Mujica, el que puso un freno a lo que por entonces se consideraba que había un atropello de parte de ciertos sindicatos y el decreto derogaba en parte lo aprobado por Tabaré Vázquez en relación a los edificios públicos.
El decreto de Mujica reafirmaba el concepto esgrimido por su antecesor y a la postre también sucesor, de que la ocupación de los lugares de trabajo son una medida que se reconocen como una extensión del derecho de huelga. Pero establece específicamente que no se permiten las ocupaciones a los edificios públicos, haciendo una excepción en este reconocimiento, por la invocación de uno más importante que el derecho laboral, como son los derechos humanos.
Y en ese aspecto el argumento es que si un edificio público es ocupado, se están violando sistemáticamente los derechos humanos del resto de la población que pretende acceder a los servicios que esa institución pública que funciona en ese edificio, le presta a la sociedad.
Con ese argumento, cada vez que hay una ocupación en un edificio público, como el ocurrido por los estudiantes de Secundaria en la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el mecanismo legal es uno solo, las autoridades denuncian el caso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, éste concurre al lugar de los hechos, negocia una salida, labra un acta y en caso de que no haya acatamiento de parte de los ocupantes, la Policía procede al desalojo por la fuerza.
Este es el procedimiento legal, el cual fue emitido por el gobierno de José Mujica, un presidente con doctrina de izquierda pero que actuó con pragmatismo y liberalidad absoluta y que aún está vigente.
Ahora, tras lo ocurrido, la pregunta surge ¿los estudiantes debieron acatar la orden de desalojar el local del Codicen o se estaba atacando su derecho a la ocupación del local en el marco de la lucha de los gremios estudiantiles con el gobierno por el presupuesto para la educación? No hay dos respuestas posibles sino una sola, debieron acatar la salida del edificio público y tenían derecho a mantener su protesta fuera de él, en la calle, en la plaza pública, en la vereda o dónde quisieran.
Pero no conforme con esto, generaron hechos de violencia que nada bien habla de los valores que como estudiantes se supone que tienen. Que había infiltrados y organizaciones ultras dando manija y despreciando a las instituciones, la vida de los policías y la integridad física de los propios estudiantes, claro que sí, los vimos todos por televisión.
¿La Policía estuvo mal en reprimir? Nadie que confíe y crea en el Estado de Derecho como garantista y tutelador de los poderes públicos, en pos de la paz social y la convivencia pacífica, puede estar de acuerdo con los actos de violencia y con la represión policial, pero hay algo claro, la violencia no partió de la Policía sino de un grupo que se opuso al acatamiento de una norma vigente que ampara un derecho superior que el derecho de huelga, pero que a la vez no lo priva, ni tampoco priva al de la libertad de expresión (art. 29 de la Constitución), ni mucho menos menoscaba la protesta que motivó esa ocupación.
¿El Estado es responsable por lo que pasó? Si hay heridos que no fueron parte de los incidentes y resultaron en ese estado por parte de un funcionario público, sí. De lo contrario no, no es responsable porque hubo un acto de violencia hacia las instituciones y hacia los funcionarios que la representan.
Y lo hubo por parte de un grupo de personas, que a esta altura, no se sabe quiénes son, más que unos tira piedras, que los gremios docentes, nunca pudieron haber defendido, porque están avalando la debilidad y la marginalidad de los estudiantes del sistema público. Y esto es lo que marca cada vez más la fragmentación social a la que lamentablemente estamos asistiendo en nuestro país.







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