La garantía del proceder de oficio

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.
Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.
Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.
El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:
A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.
B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).
C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.
D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.
PASA
Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.
Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.
También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.
Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.
El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.

Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.

Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.

El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.

B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).

C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.

D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.

PASA

Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.

Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.

También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.

Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.

El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.







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