La información que se puede no siempre es la que se quiere

Si bien en Uruguay todavía no hay una ley de medios que esté vigente, un proyecto que ha sido manejado por el Gobierno y varios especialistas en derecho de telecomunicaciones que fueron contratados por el Estado, ya tiene sus detractores y ha sido fustigado por los periodistas y los directivos de medios de comunicación por considerarlo contrario a diversas leyes fundamentales en las que se basa el ejercicio del periodismo.
Entre ellos el pilar fundamental que es el artículo 29 de la Constitución de la República y varias normas que consagran la libertad del ejercicio periodístico como base insustituible para el sistema democrático.
Aún así, en nuestro país ya existe una serie de normas, como el caso de diversas resoluciones y decretos, que en cierta medida coartan el libre ejercicio del trabajo periodístico, cuando ponen cortapisas a la labor de los trabajadores de los medios al momento de informar sobre un hecho determinado.
Este tipo de normativas, si bien no son vinculantes a los medios de comunicación, sí muchas veces exponen al medio que las emite, publica o difunde, cuando éste da a conocer un dato revelador de la identidad de una persona que protagonizó un caso considerado como sensible, y en ese sentido, el medio puede llegar a ser pasible de una demanda por quien es el autor de los hechos y cuyos datos han sido publicados.
Así como también, cuando se dan a conocer referencias geográficas concretas que identifican el lugar donde ocurrió un caso y en ese sentido, a sus supuestas víctimas, más allá de que el hecho sea de interés público y que incluso haya causado alarma social, el medio de comunicación puede llegar a ser pasible del cobro de multas y hasta posibles embargos, como le ocurrió al diario El Heraldo de Florida, que por informar sobre el lugar donde se registró un suceso que causó alarma pública en su departamento, debe afrontar el pago de una multa ante el INAU.
Pero la responsabilidad del periodista de informar sobre todas las cosas que ocurren, debe estar precedida de una investigación que permita constatar la veracidad de los hechos que pretende difundir. En ese aspecto, muchas veces, esa verdad empírica no puede volcarse al contenido de la información que se pretende dar a conocer a la opinión pública, ya que el medio está expuesto a ser sancionado por diversas normas que conspiran para que esto ocurra.
Para desentrañar la realidad que viven los medios de comunicación de acuerdo a las limitaciones legales que tienen muchas veces para dar a conocer los autores de casos delictivos de trscendencia, dialogamos con un especialista en la materia quien nos da su parecer sobre este asunto.
Además, damos a conocer el caso del prestigioso periódico El Heraldo de la ciudad de Florida, que con casi 100 años a cuestas, pesa sobre su director responsable un embargo por parte del INAU por dar a conocer datos que revelaron el lugar donde una adolescente fue víctima de un caso de abuso sexual.
Esto y más en el presente informe de EL PUEBLO.

Si bien en Uruguay todavía no hay una ley de medios que esté vigente, un proyecto que ha sido manejado por el Gobierno y varios especialistas en derecho de telecomunicaciones que fueron contratados por el Estado, ya tiene sus detractores y ha sido fustigado por los periodistas y los directivos de medios de comunicación por considerarlo contrario a diversas leyes fundamentales en las que se basa el ejercicio del periodismo.

Entre ellos el pilar fundamental que es el artículo 29 de la Constitución de la República y varias normas que consagran ladiario1 libertad del ejercicio periodístico como base insustituible para el sistema democrático.

Aún así, en nuestro país ya existe una serie de normas, como el caso de diversas resoluciones y decretos, que en cierta medida coartan el libre ejercicio del trabajo periodístico, cuando ponen cortapisas a la labor de los trabajadores de los medios al momento de informar sobre un hecho determinado.

Este tipo de normativas, si bien no son vinculantes a los medios de comunicación, sí muchas veces exponen al medio que las emite, publica o difunde, cuando éste da a conocer un dato revelador de la identidad de una persona que protagonizó un caso considerado como sensible, y en ese sentido, el medio puede llegar a ser pasible de una demanda por quien es el autor de los hechos y cuyos datos han sido publicados.

Así como también, cuando se dan a conocer referencias geográficas concretas que identifican el lugar donde ocurrió un caso y en ese sentido, a sus supuestas víctimas, más allá de que el hecho sea de interés público y que incluso haya causado alarma social, el medio de comunicación puede llegar a ser pasible del cobro de multas y hasta posibles embargos, como le ocurrió al diario El Heraldo de Florida, que por informar sobre el lugar donde se registró un suceso que causó alarma pública en su departamento, debe afrontar el pago de una multa ante el INAU.

Pero la responsabilidad del periodista de informar sobre todas las cosas que ocurren, debe estar precedida de una investigación que permita constatar la veracidad de los hechos que pretende difundir. En ese aspecto, muchas veces, esa verdad empírica no puede volcarse al contenido de la información que se pretende dar a conocer a la opinión pública, ya que el medio está expuesto a ser sancionado por diversas normas que conspiran para que esto ocurra.

Para desentrañar la realidad que viven los medios de comunicación de acuerdo a las limitaciones legales que tienen muchas veces para dar a conocer los autores de casos delictivos de trscendencia, dialogamos con un especialista en la materia quien nos da su parecer sobre este asunto.

Además, damos a conocer el caso del prestigioso periódico El Heraldo de la ciudad de Florida, que con casi 100 años a cuestas, pesa sobre su director responsable un embargo por parte del INAU por dar a conocer datos que revelaron el lugar donde una adolescente fue víctima de un caso de abuso sexual.

Esto y más en el presente informe de EL PUEBLO.

La normativa genera una cortapisa a la prensa sobre todo en los casos policiales

SCJ prohíbe a funcionarios y dependencias dar información sobre personas vinculadas a los casos de “datos sensibles”

Para la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una disposición interna que se apega a un convenio denominado de “protección de datos sensibles”, establece las pautas por las cuales a partir de entonces, se regirán las comunicaciones públicas referidas a personas que hayan sido procesadas. Asimismo, la misma no tiene un efecto jurídico “erga omnes”, es decir para todas las personas, sino que su cumplimiento es estrictamente para todos los funcionarios judiciales.

Según el documento al que pudo acceder EL PUEBLO para el presente informe, la circular Nº11/2000, del 26 de mayo de ese año, indica que la SCJ aprobó un informe de la comisión del Convenio de Francia, denominado “criterio amplio” de protección de “datos sensibles”.

Al respecto, resultó necesario “elaborar pautas que orienten la actuación del Poder Judicial respecto a la protección de dichos datos”, incluidos en los documentos emitidos. Las mismas “deben ser aplicadas de manera uniforme por todos los ámbitos del Poder Judicial”, cualquiera sea el soporte  en que se brinde la información.

APLICACIÓN DEL CRITERIO DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS SENSIBLES

corteEn tanto, el documento interno de la SCJ al que accedió EL PUEBLO, sostiene que los denominados “datos sensibles” se encuentran en “notoria y directa relación con el derecho a la intimidad y libertad individual, o se asumen en ellos, y pueden colidir con los relativos a la libertad de información”.

Asimismo, hace ver que “ese derecho u otros similares que podrán estimarse involucrados, pueden considerarse incluidos en el concepto más amplio de derechos inherentes a la personalidad humana” y, por tanto, aduce que los mismos “están contemplados en las previsiones de los arts. 7, 8, 72 y 332 de la Constitución de la República”.

Los que hablan sobre la libertad de las personas, la seguridad, la distinción de los individuos únicamente por sus talentos y virtudes, y los derechos inherentes a la calidad humana de las personas.

Asimismo, indica el referido documento que en el derecho positivo nacional diversas normas reconocen la libertad de información y sus límites, (haciendo referencia por ejemplo al artículo 29 de la Constitución, así como también al Pacto de San José de Costa Rica en los arts. 13 y 32.2, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos art. 14 num. 1), reconociendo el “posible efecto dañoso de la publicidad de ciertos datos, que de ser inadecuada, provocaría la invasión al derecho protegido y el nacimiento de los conflictos sobre eventual responsabilidad de productores, administradores y/o distribuidores de cualquier base de datos, como lo sería -o es- el Poder Judicial”.

En todo momento, el documento se ciñe estrictamente a las actuaciones de los funcionarios del Poder Judicial que pueden llegar a causar un daño con la información que emanen desde cualquier dependencia judicial.

En ese sentido, la disposición interna del Poder Judicial establece que de acuerdo a la normativa vigente, estiman conveniente “eliminar todos los datos que permitan identificar a las personas involucradas en los siguientes procesos: Relacionados con delitos contra el pudor o la decencia”, “De menores infractores”, los “Relativos a casos de filiación ilegítima, impugnación o contestación del estado civil”, “De separación de cuerpos y de divorcio”, “De pérdida, suspensión o limitación de patria potestad”, “De legitimación adoptiva”.

En estos últimos tres casos está previsto que puede haber difusión de los datos si el juzgado cuenta con el consentimiento del interesado, entendiendo por tal, un consentimiento “libre e informado”. En todos los demás casos, el principio es la publicidad y la reserva sólo emanaría por decisión judicial, fundada en razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad, pese a que el art. 7 del Código General del Proceso, establece que todos los juicios son públicos, salvo las excepciones.

Por otra parte y pese a no existir disposición legal expresa, se considera de criterio amparar con la reserva: a) los datos de identificación de los delincuentes primarios absolutos; b) personas indagadas en presumarios judiciales; c) los denunciantes; d) testigos o personas que de una u otra manera revistan la condición de auxiliares de la justicia en materia penal.

Una ambigüedad del sistema jurídico nacional

Derechos a la intimidad, a la imagen y a la protección de datos basados en la misma norma que da derecho a informar

El derecho a la intimidad, a la imagen, y la restricción de acceso a los datos personales, han operado como una verdadera contradicción en el sistema jurídico uruguayo. Debido a que si bien por un lado, se privilegia la existencia de este tipo de derechos atribuidos a las personas, el mismo se basa en la carga subjetiva con la que pueda ser tomada la posible existencia de una lesión a estos derechos de la persona.

Por otro lado, muchas de estas pautas se basan en las mismas normas constitucionales que también amparan la libertad de expresión, la libertad de trabajo y la libertad de informar aspectos considerados de interés público por parte de los periodistas, los que si bien cuentan con el derecho a hacerlo, la norma que los respalda en su labor es muy versátil y a su vez los expone a ser pasibles de una acción judicial por la exposición pública de quienes son objeto de su información.

En ese sentido, los operadores judiciales consultados por EL PUEBLO establecieron los criterios utilizados para los derechos a las personas.

EL DERECHO A LA INTIMIDAD

Durante el siglo XIX, en Estados Unidos se producen avances tecnológicos así como el incremento de la prensa escrita provocando cuestionamientos acerca de la invasión a la privacidad.

En un artículo publicado por los juristas Samuel Warren y Louis Brandeis titulado “The right to privacy” se vierten conceptos que revolucionaron el sentido de la privacidad que se tenía en la época, siendo retomado en numerosas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Una de las principales contribuciones de este artículo es la definición de “privacy”, pronunciándose los mencionados juristas por asegurar como parte del derecho mismo de la personalidad, el derecho “a ser dejado solo o en paz”, “the right to be let alone”.

Ello implicaba la protección legal de la persona, contra la publicidad de datos o de actos personales puestos en conocimiento del público, sin noticia o permiso de la persona afectada, siendo ésta la única que puede decidir qué es lo que se puede publicar o no.

EL DERECHO A LA IMAGEN

El derecho a la imagen es un derecho que forma parte de la personalidad y es, asimismo, un derecho inherente a la persona humana en el sentido que lo establece el art. 72 de la Constitución uruguaya. Su fuente se encuentra en la citada norma, más que en el art. 21 de la Ley de Derechos de Autor nº 9.739 de 17/12/137, que ha sido dictado con el propósito de regular el conflicto entre el derecho del autor del retrato y la persona retratada, por lo que atañe a la divulgación comercial del retrato.

El derecho a la propia imagen es subjetivo; personalísimo; es innato; autónomo y de otros derechos tales como al honor o a la intimidad pero que forman parte de los derechos inherentes a la persona humana; es absoluto, se tiene frente a todas las demás personas. Lo que lleva a que los terceros tengan un deber de no hacer frente al derecho a la propia imagen.

Por tanto, el titular que viera atentado su derecho a la imagen puede reclamar la reparación de daños correspondientes; es un derecho patrimonial sobre el uso de la propia imagen, o bien una reparación moral.

La excepción a la regla general (el retrato no puede comercializarse sin el consentimiento del retratado) se asienta en razones de interés general o colectivo que, por ser tales, priman sobre el interés privado. Y son también fundamentos de la misma índole (el interés social de la colectividad) los que inspiraron las restantes excepciones, como el caso del derecho a la imagen, que cede ante situaciones donde están en juego los valores de orden cultural, científico o didáctico.

DATOS PERSONALES

En el caso de los datos personales, la doctrina se ha encargado de individualizar como sensibles un elenco de datos: vicisitudes o circunstancias por ser o haber sido miradas con disfavor por algún sector relevante del contexto social: salud, convicciones políticas o religiosas, preferencias sexuales, pertenencia a grupos de interés, logias, sindicatos, etc.

En ese sentido, no se trata de proteger datos. El bien jurídico que ampara la ley no es el dato concreto, sino su atribución a un sujeto determinado y la lesión que pueda causarle esta situación.

Lo que se preserva es la proyección que el dato o conjunto de datos irradia sin el conocimiento o consentimiento de su titular, o peor aún, el perfil que a partir de la combinación o entrecruzamiento de estos datos puede generarse y de evitar los riesgos que su utilización acarree a su titular.

Lo que adquiere relevancia es la atribución de un dato o conjunto de datos a una persona determinada. Y por el contrario, un amplio conjunto de datos despersonalizados –aún referentes a aspectos personales o íntimos- no reviste necesariamente ningún poder lesivo.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN PÚBLICA: es toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales (art. 1º ley 18.381).

DERECHO DE ACCESO: el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o de carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

INFORMACIÓN RESERVADA: son las excepciones a la información pública las cuales son de interpretación estricta y comprenden las que son definidas como secretas por la ley y las que se definen como de carácter reservado y confidencial en la ley 18.381 (ley de acceso a la información pública).

INFORMACIÓN RESERVADA (art. 9º ley 18.381). Así se clasifica aquella información cuya difusión pueda: A) Comprometer la seguridad o la defensa nacional. B) Menoscabar la conducción de negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo. C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. D) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción. F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

El menor “Vladimir” demandó por 125 mil dólares a varios medios

Vladimir, el joven enjuiciado por haber participado en la “riña” que terminó con la vida de un hincha de Aguada en 2009, presentó una demanda contra cinco medios de comunicación a los que reclama una indemnización de US$ 125.000.

El argumento del joven para impulsar el reclamo contra El País, los canales 4, 10 y 12 y radio Sarandí, es que en todos esos medios, cuando se informó sobre el hecho, se dio cuenta de su nombre de pila y se divulgaron imágenes y fotografías suyas cosa que, según sostiene, le causó un importante “daño moral” a él y su familia.

Vladimir, fue condenado como “autor responsable de una infracción de riña en espectáculo deportivo con resultado de muerte” por el caso del fallecimiento de Rodrigo Núñez, un joven hincha del club Aguada de 15 años de edad. El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2009, antes de un partido de básquetbol entre Nacional y 25 de Agosto, que se disputó en la cancha de Aguada. La sentencia por la cual se confirmó la responsabilidad de Vladimir en el caso fue emitida en febrero de 2010 por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno.

El fallo señala que si bien el joven trabajaba y estudiaba (cosa que no es habitual en los adolescentes que llegan al sistema judicial) “no se hizo responsable por los hechos ocurridos, en el que a la postre murió un par (Núñez) de 15 años”.

La resolución del tribunal también indica que “nadie” discutió en el juicio la responsabilidad del joven que, según la sentencia “transfiere a otro la culpa de lo acontecido”.

“No puede y no debe resultar natural para muchachos como él, con familia conformada y con necesidades cubiertas, el hecho de ir en busca de pleitos, peleas (o) participar en hechos de sangre”, agrega el fallo que elevó de 12 a 18 meses la condena de semilibertad.

En la demanda indemnizatoria, que es patrocinada por las abogadas Jacqueline Francomano y Alexandra Diechtiar, Vladimir sostiene que “por la difamación de la prensa” perdió su trabajo en una importante cadena de supermercados y también su familia debió mudarse a otro barrio. La demanda señala que “no existe monto que pueda resarcir” el supuesto daño, pero fijó el valor en US$ 125.000. Si bien se admite que es un reclamo “alto”, pero por tratarse de cinco demandados, la suma implicaría US$ 25.000 a cada uno.

Vladimir, junto a otros 15 jóvenes hinchas de Peñarol, llegó al lugar con el objetivo de alentar a 25 de Agosto. En determinado momento, el grupo se cruzó con Rodrigo Núñez, quien gritó: “¡Vamos Aguada y Nacional!”.

Eso motivó que Vladimir se tomara a golpes de puño con Núñez. Luego, el grupo que acompañaba al primer joven se sumó a la gresca y así fue que el adolescente recibió la puñalada que terminó con su vida. Esa misma noche, pero luego del partido entre Nacional y 25 de Agosto, otro joven hincha de Aguada, Rodrigo Barrios, de 17 años, también falleció tras recibir varios disparos que salieron desde un auto. En mayo de 2009, la jueza de menores María Teresa Larrosa enjuició a Vladimir como responsable del “homicidio” de Núñez. Sin embargo, dos meses después, cambió la imputación y lo sobreseyó por el delito de “homicidio” pero lo responsabilizó por haber participado en la “riña” que derivó en el fallecimiento del joven. Fuente: El País Digital.

Lo dijo el abogado y periodista Edison Lanza, especialista en temas de Libertad de Expresión

“Los medios pueden publicar todo lo que es de interés público, siempre que chequeen la veracidad de los hechos”

Sobre este tema EL PUEBLO consultó al abogado y periodista Edison Lanza, especialista en temas relacionados al marco legal de la prensa y a la libertad de expresión.

Lanza es actualmente periodista del semanario Brecha y profesor de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, además de dictar clases de periodismo en la Universidad Católica en Montevideo.

-¿Qué pasa cuando un medio de comunicación identifica a una persona que fue procesada por la justicia pero que la misma tiene condición de primario?

-En principio no hay ninguna restricción para que un medio de comunicación identifique a una persona que ha sido procesada, siempre y cuando sea mayor de edad. Donde hay una disposición clara de no identificar, es en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, donde el Código de la Niñez y la Adolescencia es muy claro al respecto, con el afán de preservar la posibilidad de no revictimizarlo y de que tenga la posibilidad de reinsertarse. En cuanto a los primarios mayores no hay ninguna prohibición de publicarlos, eso no aparejaría ninguna sanción en cuanto a los medios de comunicación, lo que sí puede complicar la tarea informativa, es que el presumario es reservado y tratándose de presumario o de indagados, el Poder Judicial se reserva la identidad de esas personas. Pero una vez que hay un procesamiento esa persona se vuelve identificable en el expediente por la propia sentencia, porque en definitiva, una de las bases de la publicidad de los procesos penales, es que no haya juicios secretos, lo que tiene que ver con los derechos de toda la sociedad que debe saber cómo actúa la justicia en los temas relativos a la libertad de una persona. Asimismo, si una persona ha sido encontrada con elementos suficientes para procesarlo por un delito, también está bien que se sepa y también se debe tener la salvaguarda que si al final de ese proceso se lo absuelve, los medios también tengan que informar de su absolución.

-Esas disposiciones del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, donde los funcionarios no pueden dar a conocer los nombres de las personas procesadas ¿tienen efecto vinculante con terceros, con los medios de comunicación por ejemplo?

-No, hay ninguna norma que establezca una sanción al medio de comunicación que en una entrevista identifica a una persona que cometió el delito. Porque además entra en juego el interés público de conocer hechos que afectan a toda la sociedad. Entonces cuando alguien comete un delito y si el mismo causa cierta conmoción, la gente tiene derecho a saber a quien está investigando el Poder Judicial por la comisión de esos delitos. Para hablar del caso del ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, que está procesado, pero ningún medio fue sancionado por sacar la foto y a nadie se le ocurriría ocultar ese tipo de delitos. Yo apelo a la ética periodística y considero que no es de interés público identificar a una persona, que es “un ladrón de gallinas”, o alguien que roba para sobrevivir, que es un delito pero no tiene una trascendencia pública y sí identificar a este tipo de personas lleva a una revictimización, pero eso está en el campo de la ética periodística.

-Pero si el medio recibe la información policial con las iniciales de una persona procesada, pero por sus propios medios accede al nombre de la persona y lo publica, luego esa persona ¿puede hacerle un juicio al medio?

-Ahí hay varios derechos en juego, informar, el interés público que haya en juego y el hecho es veraz. Efectivamente hay un procesamiento, éste se comprueba con un documento oficial (sentencia que es el auto de procesamiento) porque es causa del Estado y por lo tanto, que más veraz que informar sobre esas bases y ahí no creo que el periodista incurra en ningún abuso, en su derecho a la libertad de expresión, no hay un uso abusivo, no hay un abuso del derecho, ahí no encuentro ninguna cuestión. Distinto es si después el Poder Judicial revoca ese auto de procesamiento y la persona es absuelta, habrá que analizar los hechos y en todo caso habrá una responsabilidad del Estado por haber procesado mal a una persona. Pero el medio se atiene a lo que ha dictaminado la justicia, siempre hablando de los casos que tengan interés público.

-Si bien aún no hay una ley de medios vigente, sí existen distintas normativas como Acordadas, resoluciones y decretos, que imponen cortapisas a la labor periodística…

-Sí, siempre teniendo en cuenta que son reglamentos o resoluciones administrativas que rigen para los funcionarios de esas reparticiones y no para los periodistas, ni para el medio. Es como la reforma del proceso penal, hay una reserva establecida en el transcurso del proceso que no rige para los periodistas, si no cuántos periodistas hemos informado de presumarios donde se investigan hechos de interés público.

-De todas maneras el medio se expone a ser enjuiciado y en ese caso, esto ¿puede llegar a afectar la credibilidad del medio ante la opinión pública?

-No, pero acá hay algo que deben defender los periodistas, como hay muy poco periodismo de investigación, pero en definitiva el medio se expone si comete errores. El medio se expone en el caso de una responsabilidad civil si hay un abuso del derecho. Obviamente cuando un periodista informa sobre un hecho con connotaciones penales, también debe hacer su propia investigación. Entonces en definitiva hay que agotar las vías para que lo que publique sea una versión lo más cercana de la verdad. El problema es que muchas hay un apuro y una ansiedad por dar la información que no se chequea bien, no se chequea con todos los operadores que están involucrados en el caso. Hubo un caso en Montevideo donde con un parte policial y una fuente policial se publicó que un padre había violado a una niña de dos años, cuando resultó que la misma había fallecido por un edema pulmonar. Los periodistas no hicieron un chequeo, entonces ojo al gol con manejarse mal periodísticamente. Hay que agotar todos los medios, entonces si se hace eso, no hay mayores problemas. Pero si se involucra a una persona que después la Justicia lo absuelve hay una responsabilidad, que por lo menos implica dar a conocer esa situación de la persona absuelta.

Diario El Heraldo de Florida embargado por INAU “porque brindó datos que permitirían identificar a menor abusada”

Cuando el diario El Heraldo de la ciudad de Florida informó sobre un caso de violación ocurrido en dicha localidad, y en el contenido de la información aportó referencias geográficas para guiar al lector en qué zona de la ciudad se había registrado el hecho, el INAU resolvió aplicar una multa al periódico porque entendió que con dicha información “se podía determinar precisamente dónde había ocurrido el hecho y en tal sentido quién había sido la víctima, revictimizando a la adolescente”, dijo a EL PUEBLO al ser consultado para este informe el periodista y director de El Heraldo, Álvaro Riva.
El principal responsable del periódico sostuvo que recusó la multa por entender que debía aportar por lo menos una referencia geográfica para determinar dónde había ocurrido el hecho y que de lo contrario se estaba atentando contra la libertad de información, pero el organismo no lo entendió así y dejó firme la multa. Riva se negó a pagar y considera que la decisión es una censura, que permite “hacer un tipo de periodismo en la capital del país y otro distinto, más restringido, en el interior”.
Actualmente el diario El Heraldo, que funciona desde principios del Siglo XX en aquel departamento, se encuentra embargado por el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay a la espera del pago de la multa. A propósito de esto, Riva fue consultado por EL PUEBLO-
¿Cuál fue el fundamento que empleó el INAU para aplicarle una multa al diario que Ud. dirige?
El INAU aplicó el Código de la Niñez y la Adolescencia, documento que le da discrecionalidad en las interpretaciones del mismo documento. El INAU actúa como juez y fiscal a la vez, acusa y condena. Esto no ocurría antes cuando estos trámites debían hacerse ante la Justicia, que es la que tenía la última palabra.
A mi entender las sanciones a la prensa no deberían ser una cuestión de trámite como quien multa a un bar por vender bebidas alcohólicas a un menor, pues aquí se juegan otros derechos, como es el de acceso a la información y de informar.
¿Cómo pesó el monto de la misma sobre el normal desempeño de la empresa periodística y de qué manera pudo afrontar dicha situación?
Cualquier sanción pecuniaria es grave para la prensa. Es posible que una multa de U$S 6.500 (seis mil quinientos dólares americanos) no sea grave para una gran empresa, pero sí lo es para una empresa periodística del interior. Por algo es que nunca se ha aplicado la pena máxima a ningún otro comercio, al menos en la ciudad de Florida.
Hemos confirmado que sólo (el diario) El Heraldo ha recibido esa sanción. Ni siquiera por la presencia de mujeres menores de edad se ha aplicado esa multa, aun cuando puedan existir sospechas de prostitución de menores.
¿Considera que la medida puede operar como una cortapisa al manejo de la información?
Por supuesto. Lo que el INAU logra es evitar que se informe en aquellas áreas en las que tiene competencia. Si uno informa sobre trabajo infantil, corre riesgo de ser sancionado por el INAU por violar el derecho de los menores, lo que es un absurdo, pues es el mismo INAU el que debe perseguir a quienes contratan a menores.
El INAU se asegura por esta vía la capacidad de sancionar a quienes lo denuncian por incumplir a sus obligaciones.
¿Considera que ese tipo de multas como las que fue aplicada al diario El Heraldo de Florida y que Ud. dirige, es una forma de censura encubierta por parte del Estado hacia los medios de comunicación?
Es una forma de “censura indirecta”, que es una modalidad que han denunciado ya los organismos internacionales y que se hace cada vez más frecuente en América Latina. No existen órganos de censura propiamente dicha, pero si el gobierno envía a inspeccionar a la DGI primero, luego al Ministerio de Trabajo, luego al INAU, luego al BPS y luego al Banco de Seguros del Estado, llega un momento en que la censura opera sola, como una forma de sobrevivencia.
¿Actualmente se encuentra en alguna instancia judicial en este caso?
El Heraldo fue embargado por el INAU, es decir, tenemos un embargo genérico.







El tiempo

Ediciones anteriores

septiembre 2018
L M X J V S D
« ago    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

  • Otras Noticias...