La Justicia condenó al Fondo de Recursos a suministrar medicamento a usuario de Salto por valor de 33 mil pesos al mes

La Justicia condenó al Fondo de Recursos  a suministrar medicamento a usuario de Salto por valor de 33 mil pesos al mes

Dr. Gabriel Cartagena: “estamos ante un importante antecedente jurisprudencial” 

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, condenó al Fondo Nacional de Recursos a suministrar a un paciente oncológico, un costoso medicamento, desestimando el argumento utilizado en Primera Instancia, que se basaba en los ingresos económicos del enfermo.
EL PUEBLO dialogó con el representante legal del reclamante, Dr. Gabriel Cartagena, quien manifestó que lo que se reclamó fue la protección del derecho a la vida.
RECLAMO
Consultado respecto a cuál fue el reclamo específico se efectuó en la demanda desestimada en Primera Instancia y acogida por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do Turno, el Dr. Gabriel Cartagena, letrado patrocinante del usuario reclamante, manifestó que “lo que se reclamó fue la protección del derecho a la vida al no haber cumplido ni el Ministerio de Salud Pública ni el Fondo Nacional de Recursos con lo que imponen las normas para asegurar el acceso equitativo al más alto nivel de la salud. Nos basamos en el artículo 44 de la Constitución de la Republica y en normativa internacional como la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
También se puntualizó en la demanda, que su cliente percibe una jubilación de $ 128.000 (ciento veintiocho mil pesos uruguayos) de la Caja Policial, y que el costo de la medicación Bortezomib, alcanza a la suma de $ 33. 000 (treinta y tres mil pesos uruguayos), que equivale a un 25% de sus ingresos líquidos, “lo cual no es razonable cuando el Estado debe garantizar ese derecho”, agregó el facultativo.
También hizo referencia a que “hay prueba suficiente de la necesidad del mismo (medicamento), como lo indicó la Dra. Graciela Testa, médica tratante perteneciente al Centro Médico y Quirúrgico de Salto, y al equipo de trasplante del Hospital Británico a cargo del Dr. Pablo Muxi, quien ante el grave cáncer que padece mi cliente, recomendó el tratamiento con dicho medicamento Bortezomib durante plazo de dos años, período en el cual se sentarían las bases para otorgarle al enfermo entre 5 a 10 años de sobrevida, lo cual está científicamente comprobado, y sobre lo cual no hubo oposición, ya que es el único medicamento apto para el caso del que tratamos”. Por eso deberá hacerse entrega del mismo a la brevedad, “en el plazo de tres días desde el momento en que se dictó la sentencia”, aseveró.
También, Cartagena manifestó que se agotó la vía administrativa, una vez que el CAM no otorgó prima facie el medicamento, realizándose una petición ante el Ministerio de Salud Pública el cual no prosperó, siendo rechazado el pedido. Agregó que el amparo se solicitó frente al Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital, no así contra el Centro Médico, “pues este no tenía legitimación”.
El Dr. Cartagena, no ocultó su satisfacción ante la sentencia de Segunda Instancia, pues “estamos ante un importante antecedente jurisprudencial”
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES
Con fecha 7 de febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do Turno, hizo lugar al reclamo desestimado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 6to Turno de Salto, cuyo fundamento se apoyó en que el paciente (reclamante), tenía cobertura mutual y que por su situación económica no le correspondía ampararse en el artículo 44 de la Constitución de la República.
El Tribunal, revocó la sentencia de Primera Instancia “al ser de recibo los agravios esgrimidos en contra de la apelada”.
“En primer lugar, no se comparte el enfoque relativo a la no menesterosidad del amparista, lo que obturaría la operatividad del precepto del art. 44 de la Constitución de la República”, comenzó la exposición de motivos del acto revocatorio.
“Sólo debe probar (el reclamante) su calidad de usuario del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y como lo ha señalado el Tribunal debe subrayarse que la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la accesibilidad económica en el sentido de que todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de servicios de salud independientemente de sus ingresos”. También, se señaló que debe observarse “el interés superior que se trata de proteger y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada”, agregando que “no parece razonable ser tan rigurosos con la exigencia indefectible de una prueba negativa (no tener recursos para adquirirlo particularmente) que es de difícil producción, siendo suficiente el recibo de pasividad presentado del cual se infiere que como se afirmó por la parte, el coste implica un alto porcentaje del ingreso”.
En otra parte de la Sentencia, el Tribunal hizo hincapié en asentar que “debe tenerse en cuenta que la prescripción médica se acreditó plenamente por medio de Historia Clínica”, tomándose los dichos de los hematólogos tratantes Dres. Testa (CAM) y Muxi(Hospital Británico), “a los efectos de evitar recaída luego del trasplante de médula que se le realizó, no existiendo otro fármaco que tenga esa propiedad, ante la alteración cromosómica relacionada”.
El medicamento requerido, continúa, “es entonces la única posibilidad o último recurso”.
El medicamento en cuestión, Bortezomib, se encuentra incluido en el FTN (Formulario Terapéutico de Medicamentos), pero para pacientes que se encuentran en otras condiciones (tratamiento) y no para los que como el reclamante están en la etapa de mantenimiento.
A este respecto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, entendió en consuno con su jurisprudencia, que al estar plenamente respaldada la prescripción realizada de ese medicamento para el paciente, donde cabe resaltar la ausencia de toda controversia técnica a la misma, “se configura omisión reprensible en el reglamento restrictivo del protocolo guía de uso de los medicamentos incorporados al FTN por no haberse contemplado casos como el de la situación clínica del actor”. Aunando en el concepto, se expreso que “la ilegitimidad manifiesta está al no brindarse cobertura fundada únicamente en razones formales cuando no se ha siquiera controvertido la corrección de la prescripción médica”.
Más adelante, la sentencia de Segunda Instancia, sostiene categóricamente que: “Todo conduce a la solución condenatoria del fallo, ya que su negativa implica un atentado por omisión al derecho de la salud y al corolario de la vida”, hallándose el actor (paciente), asistido de un “derecho subjetivo , ligado a la personalidad, dignidad e integridad de la persona, así como al propio derecho a la vida, derecho que a su vez debe concebírselo como un mandato objetivo dirigido al Estado, que obliga a las administraciones públicas a acciones positivas en resguardo de la salud. En el uso de los recursos públicos no debe discriminarse entre los ciudadanos (…), y debe exigirse a la administración el más cabal ajuste al principio de igualdad y buena fe que es la única razón que fundamenta su accionar”.







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