La nueva Ley Antilavado, es claramente una reacción del Estado a los tiempos que corren

Lo que establece la ley Nº18.494 del 2009 deja claro cuál es el objetivo del país en relación a la posibles maniobras

Hugo Lemos

Hugo Lemos

económicas con dineros que procedan de hechos ilícitos.
En el caso de Salto, siendo un departamento de frontera y que tiene un importante flujo de comercio informal y en ese sentido de delito trasnacional, con la existencia de personas que se han dedicado al contrabando, generando ganancias, la actuación de la Justicia con respecto a este tema es por lo menos inminente.
En ese sentido, la ley establece que “todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.
La ley lo que establece en cierta medida es la obligación de denunciar ante el Estado, este tipo de casos y en ese marco ahora empieza a darse con más profundidad, la discusión sobre la responsabilidad en la que podrán incurrir determinados profesionales, como los contadores, escribanos, abogados o procuradores que en conocimiento de este tipo de hechos, no formalicen su denuncia.
“También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294 (que regula el tráfico de estupefacientes) -incorporados a la Ley Nº 17.016 (actualización de la ley de estupefacientes), y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley (El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual), la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aún involucrando activos de origen Iícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la que habla sobre financiar cualquier actividad terrorista.
En un mundo alarmado por los hechos de violencia, leyes como la de lavado de activos cobran especial significación y siendo Uruguay una plaza financiera que además pondera algunos aspectos que a estos efectos pueden resultar negativos como el secreto bancario, la vigilancia estatal deberá poner entonces cada vez más, al delito trasnacional como el contrabando, bajo la lupa.







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