La penosa prisión preventiva

“La prisión preventiva es una rémora de otros tiempos que se ha convertido en una mácula para el sistema democrático republicano en que vivimos, que nos avergüenza dentro del concierto de las naciones libres”, así lo define el insigne profesor de Derecho Penal, Miguel Langón Cuñarro, a la prisión preventiva, que constituye el gran drama

Hugo Lemos

Hugo Lemos

del actual proceso penal, porque contradice el principio de presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico legitima por un lado pero desacredita por otro con cosas como estas, que además vulnera toda declaración de Derechos Humanos a la que el país se haya podido suscribir alguna vez.
Días pasados, en el marco de las jornadas de Espacio de Innovación Penitenciaria organizadas por la oficina del Comisionado Parlamentario con apoyo de la Unidad Nº20 del INR de Salto, uno de los abordajes fue entorno a la prisión preventiva como instituto jurídico que es violatorio de todos los derechos habidos y por haber para el justiciable, algo que dejará de ser una piedra en el zapato del sistema judicial uruguayo recién una vez que entre a regir el nuevo Código del Proceso Penal, al cual ya le queda poco para entrar a la cancha.
En nuestros días la prisión preventiva es una manera de quitarse de encima un problema. La policía captura al presunto autor de un delito, lo lleva ante el juez con “pruebas” que pueden llegar a ser escasas pero la valoración del fiscal es positiva y le solicita a un juez que tiene su escritorio atiborrado de expedientes para resolver, que esta persona cumpla tantos meses de prisión preventiva en mérito a que es el presunto autor de ese delito.
El juez asiente y hace lugar al dictamen fiscal y lo imputa “prima facie” es decir, en primera instancia, o sea en principio, quiere decir, por esta actuación que estoy haciendo ahora, es presunto autor del delito tal o cual y debe ir a cumplir prisión preventiva. Si bien en el 90 % de los casos, el imputado prima facie es el autor del delito, existe un margen de error importante, que es no respetar el principio de presunción de inocencia y tener a una persona meses preso “por las dudas” y “mientras tanto”, no es propio de un sistema democrático y republicano como bien lo define Langón.
La prisión preventiva puede ser una solución en caso de que haya peligro de fuga o riesgo de que se dañen medios de prueba que sean claves para concluir la investigación, pero en el 95% de los casos esto no es así y la persona va presa mientras se sustancia el proceso para ver si es la culpable como se creyó en un principio.
Este tipo de institutos jurídicos, además de violatorio de los derechos humanos es uno de los principales causantes de que haya hacinamiento en las cárceles, porque hay muchos presos “por las dudas” y esto no genera seriedad ni transparencia para el sistema judicial uruguayo, porque cada persona es un individuo que debe ser respetado in totum en sus derechos, pero su derecho a un juicio justo, todavía es un debe y el Estado es el responsable.







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