La policía puede hacer huelga, ¿pero?

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.
En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.
La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.
En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.
Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.
No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.
Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.
Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.

En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.

En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.

Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.

No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.

Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.

Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.