La Violencia Doméstica ha ganado protagonismo en nuestra sociedad y la situación genera preocupación

La violencia doméstica es uno de los flagelos que más golpea a nuestra sociedad. La violencia intrafamiliar es producto

Hugo Lemos

Hugo Lemos

del rompimiento de códigos sociales y del resquebrajamiento de valores, lo que ha llevado a que esta conducta haya sido declarada como delito en Uruguay, lo que conllevó a la sanción de una ley y que pasara a ser ahora, el delito más denunciado en nuestro medio.
Los casos de violencia doméstica se han vuelto un grave problema, a partir de que de la violencia física hemos pasado a contar con un importante número de personas fallecidas por esta causa en el país.
Las denuncias por casos de violencia doméstica se han incrementado notoriamente, lo que ha ameritado incluso la transformación de los juzgados de Familia a los que se les ha asignado la competencia de Violencia Doméstica, con actuaciones de urgencia en estos casos y si amerita el hecho, por la gravedad del asunto, el mismo debe ser trasladado a la justicia penal.
Estos hechos también han ameritado que se disparara una red de trabajo entre la sociedad civil, debido a la conformación de redes de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema.
ASPECTOS NORMATIVOS
En ese sentido, el parlamento uruguayo sancionó la ley Nº17.514, donde tipifica como delito a la Violencia Doméstica, señalando en su articulado lo siguiente.
La norma de referencia comienza declarando de interés general las actividades orientadas a la “prevención, la detección temprana, la atención y la erradicación de la violencia doméstica”. Y establece además que las disposiciones de la presente ley “son de orden público”.
En tanto que en su artículo 2º, tipifica la conducta como delictiva y la describe. “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
Confirma que se trata de la acción u omisión que limite en forma ilegítima el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona y destaca un elemento que es presupuesto para que se hable de violencia doméstica y es el vínculo afectivo entre víctima y victimario.
Además enumera las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito, como A)Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B)Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.
C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.
D)Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
En otra parte de la ley, la misma establece mecanismos para asegurar la protección de la víctima. En ese aspecto sostiene el Artículo 9º, que “en toda cuestión de violencia doméstica (…) el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar”.
En ese marco, señala en el siguiente artículo que a esos efectos “podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar: 1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.
2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil. 3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.
4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.
5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos. 6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.
7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. 8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas. En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.







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