La Violencia Doméstica, una ley que traduce el problema social de nuestros tiempos

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.
Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.
El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.
Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.
Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.
Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.
En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.
LA  LEY
Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.
Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.
En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
LOS JUZGADOS
Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,
asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.
En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.
Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma
provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.
Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.
PROTECCIÓN
Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.
En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.
Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.

Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.

El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.

Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.

Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.

Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.

En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.

LA  LEY

Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.

En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.

Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.

En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

LOS JUZGADOS

Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,

asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.

Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma

provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.

Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

PROTECCIÓN

Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.

Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.







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