“Me preocupa que la Junta Departamental esté prácticamente detenida, se diría que no funciona”

Fulvio Gutiérrez, connotado abogado y docente constitucionalista de Salto, presentó recientemente su último libro, “Los Municipios en el Uruguay”, lo que motivó a la siguiente charla con EL PUEBLO.
- ¿Cómo surge su interés por el Derecho Público?
– Ingresé al Derecho Público por casualidad, porque en el año 1985, cuando las autoridades de la dictadura se fueron, se constituyó un provisoriato en la Regional Norte, vino el Decano de aquel entonces de la Facultad de Derecho, que Fulvio Gutiérrezera el doctor Blas Rossi Masella, quien nos dio una charla donde nos dijo que teníamos que colaborar inscribiéndonos en la materia que entendiéramos que podíamos dar clase después de seguir todos los trámites necesarios para ser docentes. Me inscribí en Derecho Civil, y el día que él estaba para hacernos las entrevistas, me llamó y me dice que tenía mucha gente en Derecho Civil y me preguntó si no me gustaba el Derecho Constitucional, le dije que si, “¿y si lo cambio?”, me dijo, “bueno”. Ahí empecé a ir a las clases como aspirante, simplemente de oyente, como es el procedimiento que usamos en la Facultad de Derecho, y cada vez me empezó a gustar más.
Fui progresando en la materia, fueron cambiando los docentes que venían de Montevideo, y al final, vino una docente, la doctora Susana Andreasen, que fue la que provocó mi surgimiento como docente porque me incentivó, fue la que me dijo que tenía que escribir algo. Entonces hice una pequeña ficha con el tema que había sido la monografía que yo había presentado para obtener el grado 3, sobre las relaciones entre la Cámara de Representantes y los gobiernos departamentales, que tuvo un prólogo del escribano (Eugenio) Cafaro, que en aquel entonces era el Director de la Regional Norte. Eso fue lo primero, después resulta que pasaron los años, y un día Andreasen me dice, “mire doctor, me voy a jubilar, de manera que aquí va a quedar usted”.
Y bueno, ahí seguí, anduve fenómeno, hasta que en el año 89 gana las elecciones el Partido Nacional en Salto y el contador Eduardo Minutti me llama para que ocupe el cargo de Director del Departamento General, Administrativo y Cultural, además de la Asesoría Letrada de la intendencia. Ahí nació mi inclinación, dentro del Derecho Público por el Derecho Departamental.
- ¿Y a partir de ahí comienza a escribir y saca algunos libros sobre los gobiernos departamentales?
– Resulta que cuando ingresé a la intendencia, la empecé a mirar desde dos puntos de vista. Primero la había mirado como profesional, desde afuera, presentando recursos administrativos, y después de adentro. Son dos cosas totalmente diferentes, entonces me empezó a gustar el Derecho Departamental, pero me encontré con el problema que nadie se dedicaba al Derecho Departamental. Y por el año 94 decidí hacer un libro sobre gobiernos departamentales, que fue mi primer libro.
- Tras dejar el gobierno, continuó en la docencia y empezó a recibir consultas de otros gobiernos departamentales.
– Si, empecé a tener consultas. Recuerdo una de Bella Unión, otra de Soriano y luego otras que se fueron dando con el tiempo. También escribí, y lo sigo haciendo, bastante a menudo en revistas jurídicas, debo de tener como cuarenta artículos en diferentes revistas, pero sobre todo en la Revista de Derecho Público y en La Justicia Uruguaya.
- ¿También trabajó en la gestación de una nueva materia en la Facultad de Derecho sobre los gobiernos departamentales?
– Si. Tuvimos la suerte que la escribana Dora Bagdassarián fue Directora de la Regional Norte, lástima que solo fue por un breve lapso porque casi inmediatamente debió renunciar para asumir el Decanato de la Facultad de Derecho. Pero ella fue la que un día me incentivó para que yo analizara la posibilidad que la materia estuviera dentro de la currícula de la Facultad de Derecho, pero de manera opcional. Me pareció que era bastante importante lo que me estaba proponiendo, y me dijo “usted tiene que hacer un programa, una bibliografía y una exposición de motivos”. Me dediqué a eso y se lo mandamos al Consejo de la Facultad, el que derivó el tema al Instituto de Derecho Constitucional y al Instituto de Derecho Administrativo. Eso también demoró, pero se la hago corta, un día viene la escribana Bagdassarián, de sus permanentes venidas a Salto en su carácter de docente, y me dice que estaban programando que el Consejo de la Facultad sesionase en Salto, y me dice, “es la oportunidad para que usted plantee oficialmente su propuesta de crear esa materia”. Y así fue, y fue aprobada en forma inmediata, y se llamó Curso de Derecho Departamental y Local…
- Pero además surge la novedad de los municipios a fines de 2009.
– Cuando se aprueba la Ley de los Municipios se me ocurrió escribir sobre ellos. Pero en setiembre de 2014 sale una ley nueva, lo que apareja que el doctor Daniel García, uno de los principales de La Ley Uruguay, me envíe un correo para ver si me animaba a escribir un libro sobre municipios. Le dije que sí, le pedí tiempo. Eso fue en febrero de 2015. Me tomé unos cuantos meses para escribir el libro, que trae un análisis de derecho comparado para constatar que los municipios en Uruguay no tienen nada que ver con los municipios de América y yo diría que del resto del mundo. Uruguay es el último país del mundo que ha creado municipios como autoridad local, pero con una serie de defectos en comparación con la pretendida descentralización que se buscó con esta Ley de Municipios, y que en definitiva no llegó a ser una descentralización sino que solo llegó a ser una simple desconcentración.
- Entrando de lleno al tema municipios, de lo que se habló mucho cuando quedó trunca la aprobación del nuevo presupuesto quinquenal de la intendencia de Salto. Allí se dijo que al no aprobarse el presupuesto, el gobierno nacional no podría destinar dinero a los municipios, ¿es eso cierto?
– Así es, porque la última ley establece que los gobiernos departamentales deben crear dentro de su presupuesto departamental, tantos incisos como municipios tenga. Entonces, una vez creado eso, del Fondo Nacional se enviarían los recursos económicos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de acuerdo a lo que le correspondiese a cada municipio. Salto no lo tiene porque el presupuesto no fue aprobado y por tanto quedó vigente el presupuesto de la administración anterior, que obviamente no tiene esos incisos porque en la ley anterior no se exigía ese requisito.
- ¿Entonces es cierto que los municipios no recibirán dinero del gobierno nacional?
– Por ese procedimiento, no. Ahora, la OPP podría buscar alguna otra solución. La otra alternativa, y más importante para mí, es a través del instituto de Rendición de Cuentas, donde el gobierno tiene la posibilidad de agregar una modificación presupuestal para que de esa forma, poder cumplir con lo que establece la Ley de Municipios. Si se hace eso, no va a haber ningún tipo de problema para que el gobierno central cumpla. Tiene plazo para eso hasta el 30 de junio.
- En su experiencia de haber sido edil, asesor jurídico de varios gobiernos departamentales y como estudioso de esta materia, ¿cómo ve que el gobierno se haya quedado sin mayorías en la Junta antes de cumplir su primer año?
– Hay un solo responsable, se llama el doctor Andrés Lima. El intendente de Salto ha cometido una serie de errores políticos y jurídicos que ha tenido como consecuencia esta situación tan especial que tiene el departamento de Salto en lo que tiene que ver con su gobierno. No tuvo la precaución ni el más elemental sentido común de cuidar su conducta política, porque si no hubiera hecho lo que hizo, que motivara la denuncia por difamación e injurias, tal vez hubiera logrado la aprobación del presupuesto porque eso fue lo que provocó un distanciamiento entre su propio grupo político dentro del FA y entre sus integrantes. Eso trajo como consecuencia que se quedara sin mayoría. Me parece que fue una metida de pata fenomenal y una falta de experiencia política que realmente asusta.
- Lo que traería aparejado además una crisis institucional porque uno de los nexos en el relacionamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, que es el presidente de la Junta, está en conflicto con el intendente…
– Eso es gravísimo.
- Otra posibilidad, que no ha sido descartada por los involucrados, es que en julio voten a un presidente de otro partido político.
– Si, por eso di una opinión, exclusivamente jurídica, que me preocupa que la Junta Departamental, que además es la famosa caja de resonancia de todo el mundo, es el organismo más representativo de las fuerzas políticas de Salto, esté prácticamente detenida, casi casi que se diría que no funciona, ni siquiera sus comisiones. Entonces, sugerí públicamente, que me parecía correcto que los tres ediles vinculados con esta situación, sin tener en cuenta si son o no culpables, eso no, porque ese es un problema de fondo que lo va a decidir después la Justicia, pero que dieran un paso al costado, pidiendo una licencia para que en aras de del buen funcionamiento del gobierno, y ojo que no es el gobierno que voté, pero me parece que la institucionalidad está por encima de todo, que de esa forma el gobierno departamental siguiera funcionando normalmente.
Lamentablemente ninguno de los tres tiene intenciones de pedir licencia, entonces se da una situación de lo más insólita, que en un sumario administrativo si un funcionario está sospechado de cometer alguna falta administrativa, lo primero que se hace es separarlo del cargo, y acá incluso hasta hay una confesión de algún edil del ilícito cometido, que es el caso de (Eduardo) Godoy, por lo menos es lo que públicamente se dijo, y sin embargo siguen ocupando un cargo realmente importante. Es insólito. La única forma que queda para sacarlos, entonces, sería mediante el juicio político, que fuera votado por todos los partidos políticos de la Junta Departamental para darle la fuerza política necesaria a los efectos que la Cámara de Senadores, que es la que tiene que intervenir como juez en este tipo de trámites, vea que hay un aval unánime de los partidos políticos de Salto y suspenda inmediatamente a estos tres ediles, con lo cual quedan retirados del cargo, y entonces se restablecería la normalidad de funcionamiento, supongo yo, de la Junta Departamental. Esto no significa que los tres ediles sean culpables, sino que significa una medida preventiva que el Senado puede tomar, mientras el trámite siga.







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