Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural: tenemos la convicción de que el ICIR es inconstitucional

El presidente de la Federación Rural del Uruguay, Miguel Sanguinetti dialogó con Martín Olaverry sobre la reglamentación del Impuesto a la Concentración de la Tierra (ICIR) y desde el mes próximo los propietarios de extensiones mayores a las 2.000 hectáreas, Indice Coneat 100, deberán abonar este impuesto, aunque algunas empresas ya han presentado recursos ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que este impuesto es inconstitucional.
Sobre el punto, dijo Sanguinetti “la reflexión es que (esto) sigue el camino que marcó el presidente de la República desde un principio y creemos que equivocadamente lo sigue, se lo hemos dicho. En las empresas que tienen que pagar este impuesto va a pegar fuerte, la reglamentación sale con cuotas, pero prácticamente en seis o siete meses hay que pagar el impuesto por dos años y eso va a redundar indudablemente en menos inversiones de esas empresas y que creo que son empresas que muchas veces, mueven un volumen grande (de inversión) en lo que es la parte ganadera  la gente va a tener que invertir esa plata en el campo para pagar ese impuesto.
- Uds. han hecho una especial referencia al impacto que tiene este impuesto, sobre todo en las empresas criadoras. ¿Por qué sostienen que es donde más afecta?
- Si analizamos (a quienes afecta el impuesto) la gran mayoría son empresas ganaderas y esas empresas rondan las 2.500 o 3.000 hectáreas muchas veces de Coneat 60 ó 70 y yo hacía una cuenta rápida, de que un productor de 2.500 hectáreas, que son algunas más, pero llevándolas a Coneat 100, si esa plata que tendrá que pagar ahora en 6 o 7 meses, unos 40 mil dólares, lo invirtiera en foforita nomás, lo que cambiaría la producción. Eso es lo que estaba haciendo ese tipo de productores, intentando invertir en fósforo para producir más y ese tipo de inversiones planificadas se irán a dejar de lado y en definitiva el que pierde es el país. Creo que esa plata, veremos si llega a las intendencias. El otro día estábamos con unos intendentes y nos decían vamos a hacer fuerza para que eso se invierta en caminería.
- Precisamente uno de los argumentos que se emplean desde el (Poder) Ejecutivo a la hora de defender este impuesto es que ese dinero vuelve al sector y es invertido en su totalidad en la mejora de la caminería rural profunda…
- La Federación y el Presidente de la Federación Rural van a estar muy vigilantes de que esto sea realmente así. Realmente hemos tenido una primavera excelente para los campos, pero muy mala para la caminería. Están deshechos por todos lados. Esa es una realidad y los intendentes son conscientes de ella. Vamos a ser muy vigilantes para que ese dinero vuelva al medio rural y realmente vamos a exigir tener una caminería como la gente, porque dicho sea de paso, pagamos una buena Contribución Inmobiliaria para que ese dinero vuelva y no vuelve muchas veces. Todos saben que el dinero de la Contribución Inmobiliaria del campo muchas veces queda en la ciudad, así que vamos a ser muy vigilantes  y muy fiscalizadores para que se invierta en la caminería y que por lo menos los productos nuestros tengan una salida más fácil.
- Pero volviendo al tema del impuesto, indudablemente que todos saben que hay recursos presentados y se presentaron esos recursos es porque estamos convencidos que ese impuesto es inconstitucional y estamos convencidos de que en el Uruguay todavía queda justicia y vamos a esperar esa instancia.
- ¿Qué información tienen con respecto a esa instancia a nivel de la Suprema Corte de Justicia?: tenemos entendido que se presentaron en el entorno de 90.
- Nosotros tenemos entendido que son más de cien porque sólo un estudio tenía noventa por eso creemos que la cantidad es bastante mayor que esa. Los recursos siguen su trámite y creo que el artículo 298 de la Constitución de la República es muy claro, tenemos gran esperanza en ese sentido y allí veremos que pasa para adelante.
-  Precisamente el argumento referente al artículo 298 es que esto sería una superposición de impuestos.
- Es así y la Constitución en ese sentido es muy clara, pero la decisión en ese sentido está en los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia.
- En otro aspecto, ¿qué pasa con el uno por ciento del Impuesto a los Semovientes?
- Aparentemente está todo aprobado pero falta reglamentar y hasta ahora yo no conozco a ningún productor rural que lo haya podido descontar. Insistiremos en ese sentido porque un poco el Presidente de la República había dicho que compensaría a la parte ganadera que tiene que pagar este impuesto que en cierta manera es sacado del 1 por ciento municipal. La realidad en estos (indica) que es muy fácil poner impuestos, pero el día que hay que sacarlos o bajarlos, porque sufrimos una seca y hay que traspasar los pagos para adelante, eso nunca se hace. Esa es la realidad los gobiernos están en las buenas, pero cuando vienen las malas muchas veces no acompañan.
- Volviendo al ejemplo suyo  de un establecimiento de 2.500 hectáreas, con índice Coneat 60, ¿cuánto pagaría por año?
- Prácticamente unos 20 mil dólares por lo que se dice, habrá que ver el ajuste para ver bien como es.
Yo lo que digo es que con 40 mil dólares prácticamente se podrían fertilizar unas 600 hectáreas de campo y que le cambiaría rotundamente a ese productor la vida y al país también.

El presidente de la Federación Rural del Uruguay, Miguel Sanguinetti dialogó con Martín Olaverry sobre la reglamentación del Impuesto a la Concentración de la Tierra (ICIR) y desde el mes próximo los propietarios deganadoNorteextensiones mayores a las 2.000 hectáreas, Indice Coneat 100, deberán abonar este impuesto, aunque algunas empresas ya han presentado recursos ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que este impuesto es inconstitucional.

Sobre el punto, dijo Sanguinetti “la reflexión es que (esto) sigue el camino que marcó el presidente de la República desde un principio y creemos que equivocadamente lo sigue, se lo hemos dicho. En las empresas que tienen que pagar este impuesto va a pegar fuerte, la reglamentación sale con cuotas, pero prácticamente en seis o siete meses hay que pagar el impuesto por dos años y eso va a redundar indudablemente en menos inversiones de esas empresas y que creo que son empresas que muchas veces, mueven un volumen grande (de inversión) en lo que es la parte ganadera  la gente va a tener que invertir esa plata en el campo para pagar ese impuesto.

– Uds. han hecho una especial referencia al impacto que tiene este impuesto, sobre todo en las empresas criadoras. ¿Por qué sostienen que es donde más afecta?

– Si analizamos (a quienes afecta el impuesto) la gran mayoría son empresas ganaderas y esas empresas rondan las 2.500 o 3.000 hectáreas muchas veces de Coneat 60 ó 70 y yo hacía una cuenta rápida, de que un productor de 2.500 hectáreas, que son algunas más, pero llevándolas a Coneat 100, si esa plata que tendrá que pagar ahora en 6 o 7 meses, unos 40 mil dólares, lo invirtiera en foforita nomás, lo que cambiaría la producción. Eso es lo que estaba haciendo ese tipo de productores, intentando invertir en fósforo para producir más y ese tipo de inversiones planificadas se irán a dejar de lado y en definitiva el que pierde es el país. Creo que esa plata, veremos si llega a las intendencias. El otro día estábamos con unos intendentes y nos decían vamos a hacer fuerza para que eso se invierta en caminería.

– Precisamente uno de los argumentos que se emplean desde el (Poder) Ejecutivo a la hora de defender este impuesto es que ese dinero vuelve al sector y es invertido en su totalidad en la mejora de la caminería rural profunda…

– La Federación y el Presidente de la Federación Rural van a estar muy vigilantes de que esto sea realmente así. Realmente hemos tenido una primavera excelente para los campos, pero muy mala para la caminería. Están deshechos por todos lados. Esa es una realidad y los intendentes son conscientes de ella. Vamos a ser muy vigilantes para que ese dinero vuelva al medio rural y realmente vamos a exigir tener una caminería como la gente, porque dicho sea de paso, pagamos una buena Contribución Inmobiliaria para que ese dinero vuelva y no vuelve muchas veces. Todos saben que el dinero de la Contribución Inmobiliaria del campo muchas veces queda en la ciudad, así que vamos a ser muy vigilantes  y muy fiscalizadores para que se invierta en la caminería y que por lo menos los productos nuestros tengan una salida más fácil.

– Pero volviendo al tema del impuesto, indudablemente que todos saben que hay recursos presentados y se presentaron esos recursos es porque estamos convencidos que ese impuesto es inconstitucional y estamos convencidos de que en el Uruguay todavía queda justicia y vamos a esperar esa instancia.

– ¿Qué información tienen con respecto a esa instancia a nivel de la Suprema Corte de Justicia?: tenemos entendido que se presentaron en el entorno de 90.

– Nosotros tenemos entendido que son más de cien porque sólo un estudio tenía noventa por eso creemos que la cantidad es bastante mayor que esa. Los recursos siguen su trámite y creo que el artículo 298 de la Constitución de la República es muy claro, tenemos gran esperanza en ese sentido y allí veremos que pasa para adelante.

–  Precisamente el argumento referente al artículo 298 es que esto sería una superposición de impuestos.

– Es así y la Constitución en ese sentido es muy clara, pero la decisión en ese sentido está en los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia.

- En otro aspecto, ¿qué pasa con el uno por ciento del Impuesto a los Semovientes?

– Aparentemente está todo aprobado pero falta reglamentar y hasta ahora yo no conozco a ningún productor rural que lo haya podido descontar. Insistiremos en ese sentido porque un poco el Presidente de la República había dicho que compensaría a la parte ganadera que tiene que pagar este impuesto que en cierta manera es sacado del 1 por ciento municipal. La realidad en estos (indica) que es muy fácil poner impuestos, pero el día que hay que sacarlos o bajarlos, porque sufrimos una seca y hay que traspasar los pagos para adelante, eso nunca se hace. Esa es la realidad los gobiernos están en las buenas, pero cuando vienen las malas muchas veces no acompañan.

– Volviendo al ejemplo suyo  de un establecimiento de 2.500 hectáreas, con índice Coneat 60, ¿cuánto pagaría por año?

– Prácticamente unos 20 mil dólares por lo que se dice, habrá que ver el ajuste para ver bien como es.

Yo lo que digo es que con 40 mil dólares prácticamente se podrían fertilizar unas 600 hectáreas de campo y que le cambiaría rotundamente a ese productor la vida y al país también.