Mirar para los dos lados

Cuando tanto la clase política como la sociedad en su conjunto y muchos corporativistas que se visten de blanco pero deberían hacerlo de verde en honor a la carretilla de dólares que levantan por mes usando a la salud como negocio, hablan de los problemas que tiene el sector en general, se refieren únicamente a la salud pública.
Y allí, sin excepción, surge la idea de pegarle a los hospitales públicos que aparecen como un blanco fácil. Por un lado, porque son los que están más expuestos ante la comunidad, son los que tienen más población para atender y menos recursos para brindarles asistencia, que los que maneja cualquier mutualista chica de cualquier punto del país.salud
Además porque en la gestión pública siempre hay irregularidades o mejor dicho, desprolijidades administrativas, debido a lo engorroso que es el manejo de la cosa pública, donde hay muchas normas que dicen que hay que poner plata aquí y allá pero la plata no aparece. Porque por un lado, están los delitos o los desfalcos de los bienes públicos, como los que ocurrieron durante muchos años en este país y por otro lado, las irregularidades que son muy otra cosa.
Cuando estaba la dictadura militar donde en Salto primero gobernó Néstor Minutti (que pese a haber sido elegido democráticamente se quedó en el cargo trabajando con los golpistas), luego vino el coronel De Nava y terminó la gestión previa al retorno de la democracia el coronel Loureiro, nadie más que los propios militares controlaban lo que entraba y salía del erario público. Es decir, se podían llevar un elefante para su casa que nadie les diría nada por miedo, ya que eran hombres armados, y además porque nadie tenía cómo saberlo.
Luego con el advenimiento de los partidos políticos, la transparencia en la gestión pública de a poco se fue puliendo. En el primer gobierno de Sanguinetti, no digo que se llevaron lo que quisieron, pero tenían facilidad para hacerlo. Era un costumbrismo que ante la pregunta de los periodistas, los que se animaban a ejercer de verdad esa profesión, los políticos creyeran que podían darles vuelta la cara y no pasaba nada.
Con Lacalle las cosas se supieron un poquito más. Sobre todo en Montevideo, donde empezaron a conocerse los líos con las compras de camionetas, licitaciones a parientes y otras cosas. Luego en el segundo gobierno de Sanguinetti, seguía habiendo cortapisas, pero la lupa estaba más aceitada sobre los políticos.
Quizás el gobierno de Jorge Batlle fue uno de los más transparentes en ese sentido, porque los desfalcos a los bancos y el vaciamiento de empresas públicas quedaron tan a la vista, que los uruguayos la sufrimos en carne propia. No hubo mucho más que indagar del periodismo de lo que comúnmente se sabía y se reducía a la frase popular de la época: “se afanaron todo”. Los que lo vivimos, sabemos bien que fue un desastre lo que ocurrió y que no digo en absoluto que Batlle y su entorno se hayan llevado un solo peso para su casa. Pero no se ocuparon de hacer lo suficiente como para evitar que los mafiosos de siempre, hicieran de las suyas.
Con el Frente Amplio los problemas empezaron cuando el gobierno quedó entrampado en una ley que ellos mismos votaron. Y que fue la ley de acceso a la información pública, la cual fue una conquista del movimiento social organizado integrado por organizaciones tales como el sindicato de la prensa (APU), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur, entre otros. Una vez logrado afinar el proyecto y llevado al parlamento, el mismo fue votado por el partido de gobierno que tenía mayoría parlamentaria y la ley aún está vigente.
Pero el tema es que desde entonces, los propios integrantes del gobierno se han enojado mucho cuando han sido consultados e incluso han tratado de evitar dar respuestas a la sociedad y sobre todo a periodistas y a opositores políticos.
Aunque con todo, la ley está vigente, hay transparencia o debería haberla en todo lo que concierne a la gestión pública, ya que están obligados a informar cada cosa que hacen; y eso, volviendo al tema de los hospitales públicos al que nos abocábamos al comienzo, demuestra cómo quedan expuestas esas instituciones de manera descarnada ante la sociedad en su política asistencial.
Lo que no está bueno, es que cuando se quiera criticar o analiza la situación por la que atraviesa el sistema de salud en el Uruguay, solamente se cuestione al subsistema de salud público. Porque está bien que se le ponga la lupa al mismo, ya que es hacia dónde se direccionan los recursos públicos, es decir, el dinero de todos los uruguayos, y esa es una manera de que la gente ejerza el control sobre el destino de sus impuestos.
Pero por otro lado, hay que saber que el Estado también direcciona recursos públicos hacia las empresas privadas que son prestadoras de salud, de las que sin embargo, no sabemos absolutamente nada y de las cuales, como usuarios que somos, tenemos derecho a saber qué hacen con nuestro dinero. Tanto con el que pagamos al abonar la cuota, seamos afiliados por Fonasa o no, como con los dineros que el Estado les da por las compras de servicios y por las llamadas cápitas, que somos todos los que pagamos el Fonasa para que nos atiendan.
No digo que les caigamos con los dos pies, en este caso al Centro Médico de Salto, que es el que gestiona y le vende al Estado servicios tales como el tomógrafo, las intervenciones del IMAE y ahora van por un resonador magnético, para el cual necesitan del apoyo del subsector público porque a no ser que cambie el color del gobierno, será difícil que lo puedan lograr por sí solos.
Creo que el subsector privado, también el de Salto, deberían saber que no pueden hacer lo que quieren con los recursos de todos los que les pagamos mes a mes, ni tampoco con los dineros que son de quienes allí se atienden y de los que no lo hacen, pero que el Estado con esta política del sistema nacional integrado (que de integración tiene poco y nada) de salud, les hace llegar en balde y no sabemos en qué bolsillos termina.
Por eso lo del comienzo, está bien que cuestionemos y pongamos la lupa en el sector público, porque son los más expuestos y vulnerables, pero habría que mirar al sector privado y hacerse muchas preguntas para entender también por qué determinados políticos no dicen ni jota sobre ellos, incluso varios que pertenecen al propio gobierno.

Por: Hugo Lemos







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