Modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal por la ley Nº19.549

Cuando el parlamento estaba a contrarreloj antes de la aprobación del Código del Proceso Penal los legisladores estaban viendo qué hacer con un montón de aspectos que entendían que debían corregir. De ahí nació la Ley

Por: Hugo Lemos

Por: Hugo Lemos

Nº19.549, que modificó la Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y otras normas, para adecuarlas al nuevo código del proceso penal.
En tal sentido, surge en su artículo 1º, la sustitución del artículo 12 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. (Otros principios aplicables).- Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de oralidad, inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso”.
De esa manera se establecen los principios en los cuales se rige el nuevo procedimiento que busca alcanzar una transformación cultural donde la ciudadanía principalmente, participe de las instancias judiciales con el fin de informarse cómo funciona el proceso por un lado y por el otro, mostrar mayor transparencia en la gestión.
Artículo 2º. Sustituye el artículo 24 en lo siguiente “Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal que hubieren intervenido en relación a actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de intervenir en actuaciones relacionadas con la audiencia de juicio y el dictado de sentencia”.
Con este artículo lo que trata de impedirse es que un tribunal que actuó previamente no tenga mayor injerencia en una causa, para evitar que haya prejuzgamientos. En ese aspecto, se apela al principio de inmediación e igualdad de las partes, pero sobre todo de transparencia.
Artículo 3º. Sustituye el artículo 25 diciendo que “los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen: 25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código. (Es decir, intervienen en todos los aspectos de lo que era el presumario y el sumario con la sentencia interlocutoria que era el auto de procesamiento y hasta la sentencia de condena en primera instancia).
“Y confirma en el 25.2 que los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de Montevideo conocerán además en el proceso de extradición. (…). En tanto el artículo 31 establece la competencia de urgencia, diciendo que “los jueces de todas las materias y grados son competentes para disponer las medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces son competentes simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente”.
El artículo 45 establece las Atribuciones y dice que el Ministerio Público tiene atribuciones para:
a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes. b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos. c) no iniciar investigación; d) proceder al archivo provisional; e) aplicar el principio de oportunidad reglado; f) solicitar medidas cautelares; g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación; h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; i) atender y proteger a víctimas y testigos; j) solicitar al Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado según corresponda; k) solicitar, en forma fundada, a las instituciones del Estado, toda información que sea necesaria en el marco de la investigación que se encuentre realizando y esté disponible en sus registros, siempre que la entrega no implique afectación de garantías o derechos fundamentales de las personas.







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