No hay que privar más libertades, sino apuntar a modificar el sistema

Cuando una persona cumple una condena por haber cometido un delito, el caso concluye. Es decir, ya está, ya cumplió la pena. Cometió el delito, fue procesado, se le comprueba en el transcurso del proceso que fue culpable por la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sumatoria de elementos probatorios que se diligenciaron en el juicio y que determinaron que tras un dictamen desfavorable del fiscal, que exige el reproche penal al encausado, se le dicte una sentencia de condena, que confirma el procesamiento inicial cuya naturaleza jurídica es la de una sentencia interlocutoria, aún así recurrible.
Pero una vez que está firme la sentencia de condena, que puede ser impugnable, ya está, el sujeto es condenado, cumple la pena que se le impone y una vez esto, es decir, luego de haber estado preso durante muchos años y haber cumplido el término legal previsto, se terminó el asunto.
Puede recibir una ayuda del Estado a través del Patronato de Encarcelados y Liberados, pero el tema es que el sujeto es libre, vuelve al estado anterior al procesamiento, aunque con un legajo ya manchado que en términos futbolísticos, opera como una tarjeta amarilla.
Aunque aún así, a la persona hay que darle la chance de que pueda cumplir con lo que en Derecho Penal se conoce como la teoría de los “re”, la reeducación, para la rehabilitación del individuo con el fin de reinsertarlo en la sociedad. Pero esa teoría de los re, el individuo debe vivirla en pleno goce de sus libertades, de lo contrario la rehabilitación está viciada por la posible sanción a recaer en el sujeto si no mantiene una conducta acorde a lo que establece el sistema.
En ese marco, todo proyecto de ley que tienda a limitar las libertades de las personas después de que cumplen una pena, por el hecho de que hayan cometido un delito, no aportan más que a generar una estigmatización de las personas porque sería una continuación de la penalización de una conducta, que ya se cobró.
Si la prisionización no es un buen aporte, es porque el sistema carcelario está fallando, entonces antes de pensar en un proyecto de ley que lo que haga sea castigar a un sujeto por un delito que cometió y ya pagó, debería usarse la cabeza para legislar sobre aspectos que contribuyeran a mejorar el sistema carcelario y que el mismo sea realmente de rehabilitación.
De lo contrario, de lo único que estamos hablando es de castigar personas, de denigrarlas aún más por el hecho de haberse equivocado en la vida y haber cometido delitos, y exponerlas al desprecio por sí mismas y ante el público por el resto de sus vidas al separarlas de la sociedad por lo que nos falta ponerles un cartel arriba que diga “soy un paria” y está listo.
Por lo tanto, ante los proyectos que atentan contra la recuperación de la gente y su reinserción en la sociedad, digo no. Y brego porque nuestros legisladores utilicen sus recursos, sus asesores y sus razonamientos para modificar las políticas legislativas que regulan el sistema penitenciario actual, que le voten más recursos y un plan de acción que permita convertirlos realmente en centros de rehabilitación, tal como se denominan. Si lo hacen, no será necesario que haya leyes para limitar libertades.







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