Nueva ley permite clausurar procedimientos penales a penados en condición de libertad

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.
En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.
ARTÍCULO ÚNICO
CON TRES INCISOS
La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:
“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.
Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.
LA OPOSICIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.
En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.
UN REQUISITO
ESTRICTO
Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.
Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.
La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.

En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.

ARTÍCULO ÚNICO CON TRES INCISOS

La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:

“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.

Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.

LA OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.

En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.

UN REQUISITO ESTRICTO

Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.

Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.

La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.







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