Para los amigos de la OCDE: Uruguay ratificó acuerdo de intercambio de información tributaria con Noruega

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.
La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.
El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.
El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.
“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.
Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.
El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.
El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.
También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.
El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.
Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.
Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.
Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.

La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.

El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.

El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.

“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.

Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.

El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.

El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.

También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.

El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.

El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.

Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.

Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.

Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.