“Por una salud mental, desmanicomialización y vida digna” se hará especial convocatoria en nuestro departamento

En Salto se está formando un grupo que se suma a una propuesta llevada a cabo por organizaciones sociales, académicas y culturales del país, a fin de que en el actual período legislativo se integre a la discusión quinquenal un proyecto de ley de salud mental integral que implique un cambio de paradigma, hacia uno centrado en una perspectiva de derechos humanos.
La actual ley que organiza la atención en salud mental en el Uruguay data de 1936 y responde a un paradigma totalmente superado en la materia. Esta ley, por lo tanto, no se ajusta a los estándares mínimos contenidos en tratados y documentos internacionales sobre derechos humanos a los que Uruguay se ha suscrito o que ha ratificado.
Los recientes acontecimientos de la Colonia de Alienados “Bernardo Etchepare” reviven una situación insostenible de la política pública en la materia, situación que se manifiesta de forma cíclica y que ha sido denunciada permanentemente en diversos ámbitos.
Dicha política se basa fundamentalmente en un modelo aislacionista, segregador y custodial, por el que se rompe el vínculo de la persona con la comunidad.
A ello se suma la falta de garantías procesales en las internaciones, ya que las prácticas no reconocen los estándares establecidos en los Principios de Salud Mental (jurisdiccionalidad, interdisciplinariedad, existencia de un órgano de revisión independiente) y se llevan adelante con plazos indeterminados.
Esta situación, sumada -a la preocupación histórica- por el uso indiscriminado de terapias electro convulsivas, o al uso de la farmacoterapia como modalidad de atención predominante; se agrava por los problemas estructurales de los centros, la capacitación del personal dedicado a las funciones y a la insuficiencia de intervenciones de rehabilitación e inclusivas a nivel comunitario.

ANTEPROYECTO DE LEY DE SALUD MENTAL
La presente ley tiene por objeto garantizar en nuestro país el derecho humano a la salud mental de todas las personas, tanto en forma individual como familiar, grupal o comunitaria, así como su calidad de sujeto de derecho, no perdiéndose, ni suspendiéndose esta en ninguna circunstancia.
Se entiende que el estado de salud al que se aspira es aquel en el cual las personas dispongan de las mejores posibilidades para el desarrollo de capacidades y habilidades, de forma tal que puedan vivir, convivir y generar bienestar y desarrollo.
En este marco y de modo de garantizar el derecho a la vida, a la libertad, al más alto estándar de salud, se propone:
Que no se postergue la discusión y aprobación de una Ley de Salud Mental adecuada a los estándares internacionales y las recomendaciones internacionales emanadas de los órganos de tratados, centrada en la dignidad del sujeto, el vínculo con su familia y el vínculo con la comunidad.
Que se implemente un sistema de atención integral e interdisciplinaria de la salud mental, de carácter intersectorial y con una Red de Servicios de Salud Mental que funcione con coberturas territoriales (servicios comunitarios y culturales constituidos básicamente por centros de atención diurna y centros de residencia con atención diurna y nocturna, construcción de dispositivos de atención comunitaria, implementación de intervenciones psicosociales).
Se establezcan unidades de atención en salud mental en los hospitales generales.
Se revise el posible uso indiscriminado de medidas de fuerza, uso indiscriminado de electrochoques y uso abusivo de psicofármacos. Incluyendo la revisión y cumplimiento de los protocolos de actuación.
Que sea elaborado un cronograma para el cierre progresivo de las Colonias de Alienados Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, del Hospital Psiquiátrico Vilardebó y de las instituciones públicas y privadas de atención manicomial y monovalente en todo el territorio nacional.
También la creación de un Órgano Revisor de los Derechos Humanos independiente y la pronta dotación de recursos para que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en tanto Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura desarrolle sus funciones legalmente asignadas.