Presentaron vista fiscal negativa sobre uno de los reclusos que hace limpieza

En una entrevista realizada por EL PUEBLO al Director de la Unidad Nº 20 de Salto, del Instituto Nacional de Rehabilitación, el Comisario Miguel Ángel Catelotti, informaba cuál había sido la metodología utilizada para la selección de los reclusos que comenzaron a trabajar en la limpieza de la ciudad, luego de un convenio con la comuna que los empleó zafralmente en la sección de recolección y barrido.
En la oportunidad, el jerarca carcelario mencionó a este diario la Ley Nº19.149 y particularmente a su Artículo 120, que establece, y vale la pena recordarlo, que se procura desarrollar programas de rehabilitación e inclusión de aquellas personas privadas de libertad, que comprendan actividades de formación o trabajo fuera de los establecimientos de reclusión.
Consultado respecto a los criterios o procedimientos aplicables, y, si de las autorizaciones brindadas debía tomar conocimiento la Justicia, la respuesta fue nada más y nada menos que lo que indica la normativa vigente, a la que debemos sumar el Decreto Reglamentario 434/2013, donde se establece quiénes realizarán, analizarán y decidirán la selección, y de qué manera se aplicará; en tanto se menciona expresamente que, dentro de las 48 horas en que se tomó la resolución autorizando el comienzo del trabajo, se le debe (solamente) comunicar al Juzgado que sigue la causa, y los términos en los que se realizará.
La información brindada a este diario por fuentes judiciales ayer, señala que se habría librado una Vista Fiscal, donde se pone en tela de juicio y se niega incluso la habilitación de uno de los 16 reclusos que comenzaron las tareas en el sector de recolección y barrido, por encontrarse cumpliendo una pena por el delito de homicidio especialmente agravado, de la cual no ha transcurrido siquiera las ¾ partes, ni ha sido beneficiado con ninguna salida transitoria, lo que a criterio de la Fiscalía, no ameritaría, de acuerdo con la ley, la autorización brindada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
La norma indica que se notificará a la Justicia luego de haberse resuelto conceder los permisos en cuestión, pero no que se consultaría previamente. La discusión ya está planteada y los defensores y detractores del sistema, se encuentran enfrentados.