Primer cruce entre el gobierno de Lacalle Pou y el FA en la oposición es por tarifas públicas

La OPP pidió un informe a las empresas públicas para fijar el ajuste de tarifas. Los jerarcas del FA no van a responder y pueden irse

Dos días después de asumir el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou y la coalición multipartidaria se produce el primer cruce y polémica con el Frente Amplio, ahora en la oposición.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el colorado Isaac Alfie le envió una nota a los directorios de las empresas públicas pidiendo información de costos y paramétricas con el fin de decidir en los próximos días el ajuste de las tarifas públicas. Les dio dos días de plazo para tener la información en su despacho.
La información solicitada suele ir acompañada de una sugerencia acerca de la necesidad o no de aumentar las tarifas en función del incremento de los costos que tuvo la empresa pública en el último año. Se trata de ANCAP, UTE, OSE y ANTEL.
Este pedido de Alfie sorprendió y molestó a los actuales directores de estas empresas públicas y al Frente Amplio en general.
Es que los directorios están conformados en su mayoría por jerarcas del Frente Amplio que aún cumplen funciones. El gobierno aún no designó nuevos directores.
El FA, ahora en la oposición, entiende que no debe participar en el proceso de decisión de ajuste de tarifas. Advierte que eso es resorte exclusivo del nuevo gobierno y que los directores frenteamplistas de las empresas públicas no deben participar.
El Secretariado Ejecutivo del FA se reunió este martes con varios de los directores frenteamplistas de las empresas públicas y resolvió que no responderán al pedido de información de la OPP.
Incluso evaluaron la posibilidad de que los jerarcas dejen sus cargos y se vayan de las empresas públicas que dirigen si el gobierno insiste con el pedido de información, dijeron a Subrayado fuentes políticas de la coalición de izquierda.
Al finalizar la reunión el Secretariado del FA emitió un comunicado. Allí señala “que desde el 1º de marzo del corriente hay un nuevo gobierno en el país, el que tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas”.
En ese entendido expresa “su preocupación por la falta de señales para el nombramiento de los nuevos directorios de las empresas públicas”, que hasta el momento no se han designado y que además requieren de acuerdo y venia del Senado.