Procesan a exjefe del Fisco argentino y a embajador de Taiwán por contrabando

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- La Justicia argentina abrió hoy un proceso penal contra el exjefe del Fisco Ricardo Echegaray y el actual embajador de Taiwán, Antonio Hsieh Chun-Teh, y les prohibió salir del país en una causa por contrabando en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de un vehículo en 2006. El juez Diego Alejandro Amarante ordenó el procesamiento del titular de la Administrador Federal de Ingresos Públicos de la Nación Argentina (AFIP) entre 2008 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández, y de Chun-Teh Hsieh, alto representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Buenos Aires, por considerarlos coautores “penalmente responsables del delito de contrabando agravado”. Según informaron fuentes judiciales, a ambos les impuso cinco millones de pesos de embargo (247.500 dólares) y les permitirá seguir en libertad, aunque en el caso de Echegaray será a cambio de una fianza de un millón de pesos (495.000 dólares). En la causa, que se abrió en abril de 2015, se investiga la importación de un vehículo cuyo ingreso fue requerido en 2006 por Antonio Hsieh Chun-Teh, quien el año pasado asumió como embajador de Taiwán en Argentina pero que ya cumplió funciones diplomáticas en el mismo país entre 2006 y 2009. Para realizar ese trámite, la Dirección General de Aduanas (que Echegaray encabezó entre 2004 y 2008, durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)) le habría otorgado al representante diplomático diversos beneficios. “El trámite observado para el otorgamiento del beneficio en favor de Chun-Teh Hsieh se desajustó de las reglas que regían su otorgamiento”, expresó Amarante en su dictamen. El trámite, en opinión del juez, fue irregular en su origen y el beneficio fue concedido por quien “carecía de potestades para otorgarlo y mediando la opinión en contrario de quien se encontraba investido de esa facultad”. Asimismo, “fue acordado en favor de quien no podía recibirlo, y fue más amplio del que le hubiere correspondido incluso a aquellas personas o misiones que podían recibirlo”. La justicia consideró que para el otorgamiento del beneficio cuestionado se evitó la necesaria intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridad de aplicación de ese “régimen de excepción”. En el caso se produjeron varias medidas de prueba, tras lo que la Fiscalía primero y el juez después, solicitaron en 2017 citar a declarar como investigados a ambos imputados.







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