Puede debilitarse el Estado de Derecho

El artículo 15 de la Rendición de Cuentas que suspende que habilita al Poder Ejecutivo a cometer un acto arbitrario de cumplir con las sentencias judiciales en el momento que este “pueda hacerlo”, sin especificar el aspecto temporal, genera una inapropiada y hasta irregular suspensión de los plazos para pagar las deudas que el Estado deba abonar por sentencia judicial firme y ejecutoriada.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

La norma en cuestión señala que el Poder Ejecutivo queda “eximido de los plazos de cumplimiento” de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que “ello afecta la atención de los servicios a su cargo”.
Esta situación, que puede leerse con un facilismo político diciendo que los servicios esenciales que brinda el Estado no pueden ponerse en riesgo porque el dinero que exista para solventar sus costos, deban ir a manos de un particular que tiene a su favor una sentencia que ordena que le sea cumplido el pago de una suma determinada. Entonces se hablará del interés general sobre el particular y se pondrán argumentos que nada tienen que ver con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho.
Por lo tanto, esta situación dará lugar a la pérdida de garantías y a la supresión de derechos individuales en función de las necesidades económicas del Estado, que debe prever que el derecho a cobrar, sea tan importante como el de recibir los servicios estatales fundamentales.
Una norma no puede ser aprobada para inhabilitar principios del derecho tan esenciales como el cumplimiento del proceso, que se completa no solamente con la sentencia decretada y ya firme, sino con el cabal cumplimiento de lo que emana de ella. Me adhiero a quienes consideran que esta norma solamente dará lugar a una variada interpretación que terminará lesionando el interés particular de muchas personas que el derecho les asista a recibir un dinero del Estado.
Pero también la aprobación de este artículo 15 confirma que el Estado de Derecho se debilita con normas contrarias a derecho como estas, basadas en argumentos políticos, porque si lo político prima sobre lo jurídico, la democracia puede llegar a desvanecerse.










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