Sin pruebas nada vale

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.
¿CÓMO FUNCIONA?
Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.
El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).
Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.
LA DETENCIÓN
Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.
Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.
Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.
EL QUID
Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.

¿CÓMO FUNCIONA?

Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.

El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).

Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.

LA DETENCIÓN

Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.

Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.

Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.

EL QUID

Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.







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