Tendrían que dejarlo vigente

El delito de abuso de funciones deja en una línea muy delgada la actuación de todo funcionario público y eso en cierta medida, puede generar medidas abusivas contra el propio trabajador que, en procura de no quebrantar la ley puede atenerse a los reglamentos y actuar en función de estos y siendo piedeletristas seguramente gestionará menos y

Hugo Lemos

Hugo Lemos

podrá hacer que las cosas no funcionen como deberían, pero seguramente no violará la ley.
Ese es el espíritu con el que fue creado este delito, que busca en definitivo que el mismo sea una garantía para los gobernados en un sistema democrático, donde la población le da a través del voto la confianza a un grupo de ciudadanos para que sean los administradores de los bienes públicos y si se pasan de la raya, acá está la penitencia.
Sin embargo, en el nombre de dicho delito también pudieron, como en algunos casos recientemente comprobados, cometerse algunas injusticias. Uno de los casos, es el que ocurrió con el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, que terminó siendo absuelto tras haber estado dos meses en prisión, por permitir empadronamientos fuera de plazo.
Sin embargo, no le queda bien al gobierno ahora suprimir ese instituto legal, porque en cierta medida apunta a ser una cortapisa a la corrupción. Y cuando se es gobierno y se pregona que hay transparencia no se puede tratar de suprimir sin subrogarlo por una solución más acabada, un delito que más allá de su dualidad en algunos aspectos normativos, es una garantía que tiene el pueblo para poder denunciar a sus gobernantes. Sobre todo si encima hay dos exjerarcas del gobierno actual juzgados por ese delito y cuyo juicio aún no culminó. Al menos esperen que termine.
El delito mencionado está estipulado en el artículo 162 del Código Penal y establece que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”. Al menos por decoro, tendrían que dejarlo vigente.







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