Tener un arma sin autorización le puede costar una multa de hasta $ 73.000

La Cámara de Senadores aprobó la Ley de tráfico de armas con 15 de 21 votos afirmativos.
La Cámara de Senadores aprobó la Ley de de tráfico de armas con 15 de 21 votos afirmativos. El proyecto, que estaba en estudio desde 2012 y ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, propone cambios en cuanto a penas y plazos para la regularización de la tenencia de armas, además de regular la compra–venta de armas de fuego entre particulares.
La nueva ley prohíbe la «tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido autorizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa», con un plazo de doce meses, desde la reglamentación de la ley, para que quienes estén fuera de la norma puedan regularizar su situación.
Dentro de este plazo, las armas, explosivos y otros dispositivos podrán ser entregadas “sin justificar su procedencia”, las que se derivarán al ejército para su destrucción. Además, quienes procedan de acuerdo a estos parámetros quedarán por fuera de las sanciones establecidas en el artículo 10.
Según el senador Heber Clavijo, encargado de realizar la presentación de las nuevas reglamentaciones incluidas en la ley, lo que se pretende con el artículo 10 es “afectar el bolsillo de aquellos que utilizan (las armas) sin previa autorización”, por lo que se prevé una multa de 10 a 1.000 UR para la tenencia no autorizada de armas de fuego, un aumento considerable en relación con lo dispuesto en el artículo 365 del actual Código Penal, donde se establecía para este delito una multa máxima de 100 UR.
Ahora, se estipula una pena que va desde los 12 meses de prisión a los 12 años de penitenciaría. Con estas disposiciones, dijo Clavijo, se pretende promover la tenencia responsable, limitar la expansión, regular la comercialización y crear figuras de delitos para regular acciones que vayan en contra de la seguridad, teniendo en cuenta, que América Latina es la región que más crece promedialmente en cuanto a porte de armas, con un gasto entre 2008 y 2012 de 43 billones de dólares.
Uno de los artículos que generó polémica fue el artículo primero, el que otorga facultades al Poder Ejecutivo para “establecer los tipos, características  y requisitos para la tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros dispositivos, así como las sanciones previstas en la ley por la tenencia no autorizada de las mismas”.
“Se pretende dar potestades al Poder Ejecutivo de modificar las sanciones de la ley, si fuera así es un disparate”, dijo el senador Ope Pasquet. Sin embargo, según explicó Clavijo, no se trata de dar la potestad en cuanto a las penas sino en temas de sanciones y para poder modificar, a través de decretos, los diferentes tipos de armas comprendidas en la ley.

La Cámara de Senadores aprobó la Ley de tráfico de armas con 15 de 21 votos afirmativos.

La Cámara de Senadores aprobó la Ley de de tráfico de armas con 15 de 21 votos afirmativos. El proyecto, que estaba en estudio desde 2012 y ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, propone cambios en cuanto a penas y plazos para la regularización de la tenencia de armas, además de regular la compra–venta de armas de fuego entre particulares.

La nueva ley prohíbe la «tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido autorizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa», con un plazo de doce meses, desde la reglamentación de la ley, para que quienes estén fuera de la norma puedan regularizar su situación.

Dentro de este plazo, las armas, explosivos y otros dispositivos podrán ser entregadas “sin justificar su procedencia”, las que se derivarán al ejército para su destrucción. Además, quienes procedan de acuerdo a estos parámetros quedarán por fuera de las sanciones establecidas en el artículo 10.

Según el senador Heber Clavijo, encargado de realizar la presentación de las nuevas reglamentaciones incluidas en la ley, lo que se pretende con el artículo 10 es “afectar el bolsillo de aquellos que utilizan (las armas) sin previa autorización”, por lo que se prevé una multa de 10 a 1.000 UR para la tenencia no autorizada de armas de fuego, un aumento considerable en relación con lo dispuesto en el artículo 365 del actual Código Penal, donde se establecía para este delito una multa máxima de 100 UR.

Ahora, se estipula una pena que va desde los 12 meses de prisión a los 12 años de penitenciaría. Con estas disposiciones, dijo Clavijo, se pretende promover la tenencia responsable, limitar la expansión, regular la comercialización y crear figuras de delitos para regular acciones que vayan en contra de la seguridad, teniendo en cuenta, que América Latina es la región que más crece promedialmente en cuanto a porte de armas, con un gasto entre 2008 y 2012 de 43 billones de dólares.

Uno de los artículos que generó polémica fue el artículo primero, el que otorga facultades al Poder Ejecutivo para “establecer los tipos, características  y requisitos para la tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros dispositivos, así como las sanciones previstas en la ley por la tenencia no autorizada de las mismas”.

“Se pretende dar potestades al Poder Ejecutivo de modificar las sanciones de la ley, si fuera así es un disparate”, dijo el senador Ope Pasquet. Sin embargo, según explicó Clavijo, no se trata de dar la potestad en cuanto a las penas sino en temas de sanciones y para poder modificar, a través de decretos, los diferentes tipos de armas comprendidas en la ley.