Tribunal chileno cursa nuevas detenciones de funcionarios por fraude en Carabineros

Santiago de Chile, 4 jun (EFE).- La justicia chilena ordenó hoy la detención de un nuevo grupo de funcionarios presuntamente implicados en el fraude que se descubrió en Carabineros de Chile, por unos 26 millones de dólares. Según fuentes judiciales, la orden fue emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras instrucciones del fiscal regional de Magallanes, en el sur de Chile, Eugenio Campos, quien lleva la causa. Las órdenes de captura consideran a los coroneles retirados Carlos Cárcamo Bravo, Francisco Reyes Momberg, Renato Sarabia Lagreze, Arnoldo Rivero Gerdes y Fernando Perez Barría. También están en la lista los exmayores Diego Valdés Bustamante y Randy Maldonado Gutiérrez, además de un profesional (CPR), Eduardo Pardo Muñoz. A los exuniformados se suman los civiles Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres y Boris Valenzuela Aravena. El nuevo grupo de funcionarios, presuntos implicados, han sido trasladados a la 33 Comisaría de Ñuñoa, mismo lugar donde fueron recluidos los anteriores procesados por el desfalco. El fraude que afecta a Carabineros de Chile (Policía militarizada) totaliza unos 26 millones de dólares y se han imputado más de 60 personas, algunos de ellos generales, según ha trascendido en fuentes judiciales. El desfalco consistió en el desvío de dinero de cuentas corrientes de la institución hacia cuentas personales de los oficiales investigados. La indagatoria comenzó a raíz de un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero sospechosa bajo las nuevas leyes de lavado de activos. La UAF creyó que podía tratarse de una transacción relacionada con el narcotráfico y alertó a la unidad especializada en esos delitos de Carabineros, que comprobó que una suma cercana a los 300 millones de pesos (unos 450.000 dólares) había sido depositada en la cuenta de un teniente de la institución. El fraude de Carabineros se viene sumar al del Ejército de Chile conocido como ‘milicogate’, que llevaron a cabo oficiales y miembros de la institución durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) y que un semanario destapó en agosto del 2015. Esta revista denunció la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 2,7 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada Ley Reservada del Cobre.