Tribunal de Apelaciones vuelve a dar la razón al Intendente Lima tras demanda civil de Añasco

Para el secretario general “la Justicia dice que así debimos actuar en el marco de la transparencia y que teníamos el deber informar a la población”

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º turno volvió a ratificar que no correspondía a la edil Dayana Soledad Añasco una reparación económica tras lo expuesto por el jefe comunal Andrés Lima. Sobre el particular el secretario general de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, quien expresó que “seguimos pensando que hicimos bien en denunciar, en tanto el Intendente ramarcó ante todos que esta Administración no tendrá problemas en denunciar lo que entienda no se adecúa a Derecho. Aún a riesgo de lo que hemos sufrido. Pero en este caso un Tribunal de Apelaciones ratifica lo expresado anteriormente y a su vez marca claramente que el actuar del intendente y de toda nuestra Administración, es lo que correspondía y corresponde. La Justicia dice que así debimos actuar en el marco de la transparencia y que teníamos el deber de informar a la población”.
Según parte de la sentencia, vistos: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos  en mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno, Dr. Pablo Nieves. Considerando: I) La Sala, con el número de voluntades requerido en la Ley (artículo 61 de la LOT), habrá de confirmar la decisión de primera instancia. II) El caso de autos. La Sra. Dayana Añasco promovió demanda por daños y perjuicios contra la Intendencia de Salto y el Sr. Andrés Lima. Expresó: las manifestaciones vertidas por el Intendente en conferencia de prensa de 9 de marzo de 2016, le generaron un daño que debe ser reparado. Sostiene que en el caso existen dos derechos en juego: la libertad de expresión y el derecho al honor, habiéndose extralimitado el primero, en afectación al segundo. El Intendente violó mediante sus manifestaciones, el derecho al honor e intimidad de la compareciente, actuando con abuso de derecho y real malicia. La compareciente se estaba iniciando en la labor legislativa y universitaria y luego de la conferencia se lesionó su honor, afectando las chances de continuar la carrera política, por lo que reclama se indemnice el daño padecido por la suma de $ 600.000. Dicha decisión quedó ejecutoriada al no haberse interpuesto agravios en tal sentido, al apelar la sentencia definitiva. III) Análisis de agravios. Los agravios contra la sentencia de primera instancia se centraron en puridad, en la errónea aplicación del derecho e incorrecta valoración de la prueba, lo que en concepto de la recurrente, determinó la errónea decisión. No serán de recibo tales agravios. Contrariamente a lo sostenido por la impugnante, se comparte la valoración de cada uno de los medios convictivos allegados a la causa, los que fueran analizados en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica y al principio de normalidad recogido por el artículo 141 del Código General del Proceso, lo que permitiera concluir certeramente en la ausencia de la responsabilidad que se pretendiera atribuir a la demandada. El proceso ut-supra referido fue cumplido cabalmente por el Sr. Magistrado del grado anterior. Ello permitió llegar a la certera conclusión de que no se verificó en la especie el actuar ilícito que se imputara a la demandada. Tampoco medió ejercicio abusivo del derecho por parte del Intendente, que determine la responsabilidad de la Comuna Departamental de Salto. IV) Se comparte con el magistrado de la instancia anterior que no medió ilicitud en el actuar del Intendente Departamental de Salto, al informar a la población de las maniobras constatadas con boletas adulteradas en oportunidad del viaje de los ediles a la ciudad de Rivera. Tampoco medió abuso de derecho, ni real malicia, tal como sostuviera el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, al revocar la decisión de primer grado que procesara al Jefe Comunal por el delito de difamación, en términos que se comparten y se dan por reproducidos. No puede perderse de vista en el caso la doble dimensión de la problemática que determinara la conferencia de prensa. Por un lado el derecho a la información como derecho fundamental de las personas, que en el caso tiene su contracara en el poder-deber de informar que tiene el gobernante, respecto de los hechos constatados que involucran los fondos públicos. Dicha información es elemento primordial y debe ejercerse en el marco de transparencia que debe presidir el desempeño de las funciones administrativas de los organismos públicos.
La gravedad del hecho constatado imponía el deber de informar a la población. Obsérvese que se estaba en presencia de maniobras con dineros públicos, por lo que debe prevalecer el derecho a la libertad de información y transparencia en la actuación de las autoridades públicas, frente al derecho al honor que invoca la recurrente. Como bien se concluyera en el grado anterior, no medió en el actuar del Intendente ilicitud alguna que comprometa la responsabilidad de la Intendencia de Salto. Descartada la ilicitud, así como el abuso de derecho, ello basta para descartar la responsabilidad de la Comuna. Sin perjuicio de ello, no se advierte el daño invocado por la impugnante, la que como expresaran los deponentes, siguió ocupando su cargo de edil y continuó con sus estudios, conforme emana de la información incorporada en autos. La impugnante cumple una función pública de carácter electivo, que como tal está no advirtiéndose que la información que se brindara en la conferencia, – información veraz en tanto la adulteración efectivamente existió-, se haya efectuado con la intencionalidad que atribuye. V) En referencia a las condenaciones procesales, no existen elementos que permitan atribuir especial imposición en este grado (artículos 261 y 56 del CGP). Por lo expuesto, el Tribunal, Falla: Confírmase la sentencia de primera instancia, sin especial condenación en el grado. Dra. Martha Alves de Simas Ministra Dra. Selva Klett Ministra Dra. Marta Gómez Haedo Ministra Esc. Lucía Carballa Secretaria.







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