UN ROBO INSTITUCIONALIZADO

Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Una vez más la perplejidad nos abruma, no por desconocer la verdadera cara de nuestros gobernantes, sino por negarnos a aceptar la triste realidad de que nuestro querido Uruguay, se encuentra dirigido por la hipocresía personificada, como con creces lo viene demostrando ser el partido gobernante.
Sabido es, y lo hemos manifestado hasta más no poder que, desde que asumió el poder el Frente Amplio, pocas han

Adrián Baez.

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sido las políticas fidedignas que apuntan al mejoramiento del nivel de vida de los uruguayos; nulas, las que procuran el avance de la educación; y nefastas las que a diario intentan de manera confiscatoria adueñarse del producto del trabajo de todos y cada uno de los compatriotas, las que hasta el momento fueron implementadas de forma legal.
La idea que ostenta la coalición de izquierdas de no efectuar la devolución de los aportes en exceso al Fonasa, no es otra cosa que quedarse, confiscar, expropiar dineros que le pertenecen al trabajador, a quien se le retuvo de más en su aporte efectuado, y que por lo tanto, pasa a tener un crédito frente al Estado; lo cual constituye un liso y llano delito de apropiación indebida, el cual se ubica tipificado en el título XIII del Código Penal, en donde se mencionan a los Delitos contra la propiedad, capítulo IV, Delitos contra la propiedad mueble de la que se está en posesión, rezando en el artículo 351: “El que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiada o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o hacer un uso determinado de ella, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaria”; además de ser absolutamente inconstitucional: Artículo 7: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general” y Artículo 32: “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda”.
Pero lamentablemente, ésta idea no surge de la presente falta de fondos para las poco santas maniobras “sociales”; ya en el 2013, dentro del Frente Amplio se dio una fuerte discusión al respecto, donde, el en ese momento Vicepresidente de la República y actual Ministro de Economía Cr. Danilo Astori, se opuso rotundamente – lo cual no está claro si lo hará también en ésta oportunidad – expresando que: «El camino de la devolución de los excedentes del Fonasa tiene que ser respetado»; «No hay ningún argumento de peso que nos conduzca a evitar lo que debe hacerse por diversas razones que tienen que ver con las normas en vigencia hasta aspectos, incluso, de derecho constitucional que es necesario respetar. Así que no me parece que ese camino se pueda recorrer (…) En todo caso si el país lo necesita en el futuro tendrá que buscar otros senderos para disponer de los recursos necesarios».
Esto, sumado al aumento del gravamen a las transacciones financieras; el gravamen a las herencias, las que por desconocimiento se olvidaron que ya existe; el subir la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Patrimonio; el colocar impuestos a los premios de juegos de azar y revisar las exoneraciones fiscales; habla a las claras de que el gobierno no ha sabido durante todos estos años administrar los dineros públicos y que necesita para ayer, recursos con los que cubrir su para nada democrática “redistribución de la riqueza”, y la fuerza política lo sabe. Asistimos al desmoronamiento del gigante de pies de barro, pues eso es lo que ha sido durante todo este tiempo la izquierda “progresista”, la que incoherentemente o no, con su discurso en defensa de los trabajadores, hoy en día para tapar sus macanas y sus imprudencias con los fondos públicos, ahoga a esos mismos trabajadores – contribuyentes, con una denodada presión fiscal, que hablando criollamente, no es otra cosa que un robo institucionalizado.







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