Una ley que nos debe importar a todos

A pocos días de que se celebrara un nuevo aniversario de la ley de defensa del consumidor, la misma cobra más vigencia que nunca teniendo en cuenta que el caso de su aplicación es moneda corriente para quienes operan en el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sistema. En el caso de la oficina pública que atiende estos casos en forma gratuita, son cientos los casos que se presentan mes a mes, donde la población reclama ser defendida con la aplicación de esta normativa.
En ese marco, siempre es bueno tener presente el hecho de que una ley ampara el normal funcionamiento de las relaciones de consumo y exige el respeto hacia los consumidores.
ALGUNOS ASPECTOS NORMATIVOS
“La ley de relaciones de consumo es de orden público”, dice su artículo 1º, lo que quiere decir que entre otras cosas es irrenunciable y “tiene por objeto regular las relaciones de consumo (…)”.
La norma define la figura del consumidor diciendo que “es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella”.
Añade que “no se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”, por ejemplo un distribuidor o un comerciante.
Además la ley también define la figura del Proveedor, el cual es “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo”.
En tanto que el artículo 4º conceptualiza cuál es la relación de consumo, señalando que se trata del “vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final”.
Y señala que el producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Y define al servicio como cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.
Asimismo, reglamenta como derechos básicos de los consumidores: “La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate”.
Hace hincapié en que cada producto debe contar con “La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas”.
Destaca el derecho de los ciudadanos a “la protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley. La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas”.
“La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley”.







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