Una sentencia de corte argentina reivindica a víctimas de la dictadura y confirma legado mortal de la Operación Cóndor

Hay un militar uruguayo condenado por la participación de nuestro país en ese plan

BUENOS AIRES. El tiempo no ha borrado el recuerdo de una frenética conversación telefónica que Gustavo Molfino tuvo el 12 junio de 1980. “Sálvate tú, porque tú tienes la vida por delante”, le dijo su madre ese día. Momentos después fue secuestrada por agentes militares en Perú y luego asesinada. Su madre, Noemí Gianotti de Molfino, era de nacionalidad argentina y tenía 54 años cuando fue víctima de la Operación Cóndor, un plan ideado por seis gobiernos militares sudamericanos en la década de los años setenta para perseguir y eliminar a los disidentes de izquierda por fuera de las fronteras nacionales.
Tras un juicio histórico que duró tres años e incluyó casos de más de 100 víctimas, el viernes pasado un panel de cuatro jueces condenó y sentenció a 14 exoficiales militares por el papel que desempeñaron en la Operación Cóndor. Trece de ellos son argentinos y uno uruguayo.
Los jueces también condenaron a otro acusado por cargos relacionados a otro caso que involucraba a un grupo diferente de víctimas. Dos acusados fueron declarados inocentes.
Estos fallos condenatorios sentaron un poderoso precedente. Por primera vez, un tribunal de la región declaró que los líderes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay habían colaborado en una conspiración criminal regional contra sus oponentes, puesto que algunos disidentes habían escapado al exilio en países vecinos durante la era de las dictaduras militares en las décadas de los años setenta y los años ochenta.
“Por primera vez hay una verdad legal que prueba de forma contundente lo que está escrito en los libros de historia”, dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos que formó parte del caso junto con los familiares de las víctimas, según lo permite la ley argentina.
El juez Óscar R. Amirante les leyó el veredicto a los acusados, entre los cuales estaba Reynaldo Bignone, el último dictador militar de Argentina durante 1982 y 1983, y les impuso penas de prisión de entre 8 y 25 años. La mayoría de ellos, incluyendo a Bignone, ya cumplen condenas por otras violaciones a los derechos humanos.
En las décadas de los años setenta y los años ochenta los gobiernos militares sudamericanos secuestraron y asesinaron a miles de guerrilleros rebeldes y disidentes. La Operación Cóndor fue responsable de por lo menos 377 de esos asesinatos, según un informe desarrollado en conjunto por una oficina de la Unesco y el gobierno argentino en 2015.
NOEMÍ
Noemí Gianotti de Molfino no era una de las 106 víctimas relacionadas con los 14 exoficiales sentenciados el viernes. Su asesinato se considera como un caso aparte relacionado con la Operación Cóndor. En 1977, un año después de que la dictadura militar se instalara en el poder en Argentina, Gustavo, entonces de 15 años, se fue al exilio con su madre que era activista de los Montoneros, un grupo de guerrilla urbana, y se convirtió en mensajero del grupo: escondía microfilmes en juguetes y cajas de cigarrillos y viajaba entre Europa y América Central.
En 1980, los Montoneros establecieron una base en Lima, Perú. En junio de ese mismo año, Gustavo estaba regresando a la casa donde su madre se estaba quedando y encontró a varios oficiales armados rodeando el lugar. Llamó a su madre desde un teléfono público. Esa fue la última vez que habló con ella.
Después de su secuestro, Gianotti de Molfino fue transferida a Bolivia y de ahí a España, donde la obligaron a tomarse una sobredosis de pastillas y murió abandonada en un hotel. También secuestraron a dos miembros de su grupo con la orden de que fueran “desaparecidos de forma permanente”.
Este episodio aún atormenta a Gustavo, ahora de 54 años. “Pasé un mes pensando en qué podría haber hecho para salvarla, si hubiera tenido algún arma: un disparo, una granada por aquí, disparos por allá, como Rambo”, dijo en lágrimas. “Pero era imposible”.
En otros países sudamericanos, los esfuerzos para llevar a estos violadores de derechos humanos ante la justicia han sido irregulares. Pero durante la década pasada, en Argentina se han efectuado decenas de juicios en los que 666 personas han resultado condenadas por crímenes cometidos durante la guerra sucia de Argentina en la década de los años setenta y los años ochenta.
Los fiscales responsables del caso de la Operación Cóndor “actuaron de forma sin precedentes en cuanto al sentido de la responsabilidad”, dijo Francesca Lessa, investigadora del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, quien siguió muy atentamente el juicio, y resaltó que los fiscales persiguieron los crímenes incluso más allá de las fronteras argentinas. Aunque las leyes de amnistía se aprobaron en Argentina en la década de los años ochenta, los fiscales aprovecharon algunas lagunas legales para continuar la investigación.
MUCHOS TESTIGOS
Los jueces escucharon testimonios de aproximadamente 370 testigos durante tres años, pero algunos de los acusados fallecieron durante el juicio, lo que anuló los casos de las víctimas. Para sus familiares, las condenas del viernes despertaron sentimientos de frustración.
“Tengo sentimientos encontrados”, dijo Edgardo Binstock. A su esposa, Mónica Pinus de Binstock, la secuestraron en Brasil en 1980. Fue una de las 106 víctimas representadas en el juicio pero finalmente no se pudo relacionar ningún delito con su desaparición. “Me habría gustado que se lograra alguna condena en el caso de Mónica”, dijo Binstock. “Aun así, el caso en su conjunto sirve como advertencia; tarde o temprano el sistema de justicia tomará medidas”.
LA URUGUAYA SARA MÉNDEZ
Sara Rita Méndez, de 72 años, es una sobreviviente de la Operación Cóndor que fue secuestrada y torturada en Argentina en 1976, y después permaneció detenida durante años en su natal Uruguay. Sobre las recientes sentencias comentó: “Estos juicios son muy importantes. Generan confianza en la sociedad”. La Operación Cóndor fue concebida en noviembre de 1975 durante reuniones convocadas por el dictador chileno Augusto Pinochet, quien reclutó a los líderes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Perú y Ecuador se les unieron posteriormente.
Se propuso el nombre Cóndor en honor al ave nacional de Chile. Los oficiales militares que ejecutaban las misiones en el exterior solían decir que estaban fuera del país “volando como cóndores”, según informes desclasificados de la inteligencia estadounidense.
En Automotores Orletti, un centro secreto de detención que ahora es un sitio conmemorativo, desnudaban a los disidentes, los mojaban y luego los colgaban en vigas de hierro para torturarlos con una picana eléctrica. En años recientes se han encontrado algunos de los cuerpos metidos dentro de barriles de petróleo sellados con concreto.
“Generaban una especie de atmósfera infernal”, dijo la señora Méndez, una maestra de guardería que formó parte de una organización antidictatorial en aquellos tiempos, mientras recordaba cómo los torturadores subían el volumen de la radio para ahogar los gritos. “No había respiro”.
Después de la reciente orden del presidente Obama de desclasificar más informes estadounidenses que podrían revelar lo que el gobierno de Estados Unidos sabía acerca de la guerra sucia argentina, han revivido las esperanzas de penetrar el manto de silencio que rodea otras atrocidades, aunque no está claro cuándo estarán disponibles los documentos.
A algunos argentinos les preocupa que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoye la investigación ni el proceso judicial de los crímenes cometidos durante las dictaduras pasadas.
Sin embargo, Macri ha dicho que tales investigaciones seguirán formando parte de su agenda de derechos humanos. “Creo que estamos en el camino correcto”, dijo recientemente en un encuentro con periodistas.
(The New York Times)







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