Uruguay tiene legislación antilavado, pero igual se le pasa

Tras los Panamá Papers y la detención en Argentina del testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, el tema del

Hugo Lemos

Hugo Lemos

lavado de activos volvió a dispararse en Uruguay. Un decreto del año 2010, fue lo último que se legisló sobre este asunto y generó fuertes reacciones en el fuero jurídico.
Según un informe redactado por los especialistas en el tema de una de las mayores firmas de abogados del país, Guyer y Regules, Juan Manuel Albacete e Isabel Lindner, el decreto Nº355 del año 2010, regula a la ley Nº18.494 del 5 de junio de 2009 que había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o “sospechosas”, con el fin de poder dilucidar los casos que se presentan.
La norma jurídica establece varios aspectos que hacen a las operativas económicas, que aún estando reguladas por el Banco Central, pueden llegar a generar situaciones de sospecha sobre el origen de fondos que llegan al país o que son utilizados en la plaza financiera local.
En ese sentido, obliga a los escribanos a hacer declaraciones juradas, a brindar información en fuentes públicas o privadas sobre las transacciones realizadas por sus clientes con anterioridad, compras, ventas o de otra índole, con el fin de conocer la actitud operacional en el mercado y por supuesto, sus antecedentes.







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