Varios reclusos del Módulo 8 del Comcar fueron encontrados en estado de avanzada malnutrición

La denuncia fue formulada públicamente por el Comisionado Parlamentario y difundida en la prensa

Bajo el título “Los rescatados del módulo ocho” (del Comcar, cárcel ubicada en el pueblo de Santiago Vázquez en el departamento de Montevideo), el diario El País reveló ayer una denuncia formulada por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien informó sobre una situación de flagrante violación a los derechos humanos de parte de los propios reclusos contra varios de sus “compañeros” de celda y de omisión de varias de las autoridades policiales, que en su acción u omisión, estaban permitiendo que esta situación ocurriera. Petit estuvo ayer en Salto presosparticipando de las Jornada de Criminología que cada año se llevan a cabo en nuestra ciudad, desde hace más de 20 años, donde se reúnen los más expertos operadores jurídicos, médicos legistas y autoridades policiales y carcelarias para tratar este tema. El problema del sistema penitenciario en el Uruguay es grave, quienes caen en privación de libertad por el delito que fuere, no cuentan con un sistema rehabilitante y la denominación impuesta por la ley para referirse a las cárceles en nuestro país es paradójica. A continuación damos a conocer el informe que El País preparó sobre este tema.
“HAMBRE DE JUSTICIA”
Hace 23 días, siete hombres alojados en el módulo más temido del peor afamado centro penitenciario, fueron diagnosticados de malnutrición por privación de alimentos. Su desgracia fue, a la vez, su golpe de suerte y la llave para escapar del módulo 8. Aún viven allí unos 670 presos. Víctor, Walter, Cristian, Nicolás, Gustavo y Luis se salvaron del módulo 8 del Comcar. Estaban malnutridos, no comían hace semanas o incluso meses. No salían de la celda desde abril. No hacían otra cosa que convivir en un espacio de unos ocho metros cuadrados con otros 10 reclusos igual de hambrientos, desahuciados, sucios, desabrigados y deprimidos. Estaban desesperados en silencio. Fueron rescatados de ese ostracismo porque alguien los vio. Lo suyo fue un golpe de suerte. El 31 de mayo, una médica que atiende una vez por semana diagnosticó el «adelgazamiento» de cuatro de ellos, que en un caso llegaba a ser «extremo». En la historia clínica escribió: «Refiere privación de alimento». La información llegó a oídos del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que activó una serie de acciones para revertir la situación rápidamente. Se movió en el Parlamento y en la Justicia, donde radicó un recurso de amparo en convenio con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de Udelar. En declaraciones a El País dijo que eran los mismos compañeros de celda los que se apropiaban de la comida de los demás. En 24 horas, los seis fueron reubicados en el benévolo módulo 4. A un séptimo recluso, llamado Luis, se le encontraron varias heridas, traumatismo de cráneo, fractura de antebrazo izquierdo y quemaduras, además de síntomas de malnutrición. Su historia habla incluso de «tortura». A él lo derivaron a una cárcel de San José pero, según un informe de ASSE al que accedió El País, el miércoles pasado el recluso aún estaba en el módulo 8. El diagnóstico médico logró, como por arte de magia, que de repente todos los ojos se posaran sobre estos presos. Desde ASSE se dispuso que hubiera un control médico semanal sobre cada uno. El equipo de la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, los entrevistó para preguntarles cuáles eran sus necesidades particulares. Hubo dos que pidieron colchones; el resto solicitó frazadas, ropa de abrigo y calzado. A todos se les entregó un «kit» con championes, ojotas, toallas, pantalón deportivo y pantalón de jean, buzo polar, camisetas, ropa interior, jabón de tocador, jabón en barra y desodorante. El jueves, durante una audiencia en el marco del recurso de amparo que presentó Petit, Juanche le dijo al juez Alejandro Martínez que entre esos siete reclusos se detectó que algunos eran analfabetos y se los ingresó al programa de alfabetización que el Codicen tiene para los privados de libertad. Anunció que se va a evaluar su participación en torneos de fútbol y básquetbol y, cuando se recuperen —porque aún están muy débiles—, se los invitará a jugar al rugby por el plan Pelota al medio. Veintitrés días después de aquel diagnóstico que hiciera la doctora Marta Arellano, los presos aumentaron entre dos y ocho kilos cada uno. Ya no tienen la piel escamosa ni el pelo seco y opaco que se ve en los desnutridos. «Hay una franca mejoría de todos ellos. Son otras personas. Ya no tienen ese adelgazamiento, son más felices, no están asustados», declaró la doctora Arellano en el juzgado. Se les hizo una batería de exámenes para determinar el impacto de la falta de nutrientes en sus organismos, de los cuales aún no están todos los resultados disponibles. «Están en un proceso de mejoría paulatina, aumentando su índice de masa corporal, con menos miedo, más capaces de mirar a los ojos a las personas que tienen adelante, con un poco menos de enojo y sonrientes», agregó su colega, la doctora Alma Fernández. Aún persisten algunos «síntomas claramente postraumáticos» como «pesadillas y flashbacks» por el «trato inhumano» al que estuvieron sometidos, señaló Fernández, pero «mejoró el acceso a la comida, el abrigo y la posibilidad de ver el sol». Han visto psicólogo, y dos tienen solicitado el pase a psiquiatra. Para Fernández, el hecho de que hayan aumentado de peso tan rápido confirma que su malnutrición era por privación de alimentos, y no por otra cosa. Consultada por el juez, Juanche reconoció que el motivo del cambio respecto a estos presos fue la denuncia del comisionado. La subdirectora también declaró que el INR dispuso una investigación administrativa porque, haciendo averiguaciones, se percibió que algunos casos habían sido detectados por funcionarios del módulo 8 tiempo atrás. La investigación permitirá saber si efectivamente hubo quienes callaron sobre la privación de comida de algunos internos, e intentará determinar por qué lo hicieron.
AGUJERO NEGRO
Hace 23 días que seis de esos siete hombres salieron del módulo más temido del centro penitenciario peor afamado en Uruguay. Por haber tocado fondo, o tal vez por una cuestión de azar, ya no viven en el módulo 8. Pero, ¿qué pasa con los 670 que siguen ahí? «Los tipos están pasando mal», aseguró a El País un enfermero que trabaja hace años en el Comcar y que pidió mantener su nombre en reserva. En ese módulo las celdas son para dos pero hay entre ocho y 10 personas. Advirtió que la higiene es tan mala, que hace dos meses hubo una epidemia de sarna allí. «La comida es un agua sucia: una olla con agua donde a veces aparecen pedazos de chancho. Si tenés un perro no le das eso», afirmó. Quienes tienen familiares eventualmente comen lo que les llevan. Pero, en general, los que están en el 8 son «chiquilines que salieron de la calle, que no tienen visitas». En el 8 del Comcar, «la reincidencia es altísima», dijo, y agregó: «Bajar la reincidencia implica bajar el hacinamiento y solucionar la falta de alimentos por la que todos estamos preocupados. No seamos hipócritas; tenemos que hacer cosas». El subdirector nacional administrativo del INR, Luis Alberto Gadea, mencionó en la audiencia que en el último año se hicieron inversiones desde el punto de vista edilicio y sanitario, se estableció «un plan de desratización» para eliminar la presencia de roedores y se puso en marcha un programa de limpieza para «erradicar los basurales en la unidad en general». El funcionario alegó que se hacen «constantes reparaciones para asegurar el agua potable para los reclusos». Dijo también que los artefactos (inodoros, retretes) se arreglan «a demanda» de los presos. Y explicó que si bien «hay luz», sucede que «las instalaciones eléctricas son vandalizadas para crear los famosos motos (calentadores). Eso genera sobrecargas que queman llaves y cableados, que se reponen permanentemente». Petit, en su último informe anual, afirma que el módulo 8 «se incluye en la categoría trato cruel, inhumano o degradante». Sostiene que es un área de «alto riesgo vital en la convivencia, constituyendo un auténtico agujero negro estatal».
(EL PAÍS)







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