Vocero de la Suprema Corte precisó situación referente a la presunta inconstitucionalidad del Impuesto ICIR

Martín Olaverry dialogó con el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, sobre el ICIR, Impuesto a la Concentración a la Tierra que grava a las extensiones de más de 2.000 hás., y que algunas empresas consideran que es inconstitucional y, por lo tanto, han estado presentando recursos ante la Suprema Corte de Justicia.
Antes de hablar de la etapa en la que se está con respecto a estos recursos y al trámite que se viene dando dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos recursos presentados hay?
“A esta altura del año, ustedes saben que el impuesto es una ley votada el pasado año pero rige desde enero del presente año; por lo tanto, a partir de febrero comenzaron a llegar lo que nosotros llamamos jurídicamente acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones empezaron a llegar en el mes de febrero, y a principios de noviembre ya contabilizábamos 90 acciones en total. Es decir que esas acciones o lo que nosotros llamamos expedientes, porque cada acción se convierte en un expediente que se tramita en la Corte, pueden estar promovidas por uno o varios particulares o por una o varias empresas”.
En el hipotético caso de que sea favorable a quien presentó esa acción el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿es aplicado solamente a ese caso? ¿No es algo general que vaya a abarcar a todos los que estarían alcanzados por este impuesto?
“Absolutamente. Ese es uno de los primeros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Para el caso de que la Suprema Corte de Justicia considere inconstitucional una norma o parte de una norma, porque no siempre la consideración es por toda la norma, muchas veces es por una parte de la norma, para el caso de que la Corte considere inconstitucional una norma o parte de ella, esa declaración de la SCJ solo tiene efectos sobre el caso en concreto. Por eso hay que separar los aspectos del recurso de inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad, que son conceptos diferentes. Se plantea el recurso de inconstitucionalidad cuando yo estoy en un juicio previo; estoy en un juicio en trámite y en ese juicio se va a aplicar una norma que yo entiendo que me perjudica, que puede resultar en mi contra y que entiendo inconstitucional. Entonces, dentro de ese juicio que estoy tramitando planteo una excepción de inconstitucionalidad. O sea, por vía de defensa pido que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa norma que se aplica en el juicio en que estoy tratando.
En este caso del ICIR no estamos ante recursos de inconstitucionalidad sino estamos ante acciones. El ICIR es un impuesto, usted bien lo dijo, se generó en el Parlamento porque el Parlamento es el que hace las leyes y, por lo tanto, también tiene la potestad de imponer tributos a la población, en este caso a un determinado sector, en este caso el sector de la concentración de propiedades inmobiliarias rurales. En ese caso, lo que ocurre es que las personas que pueden verse afectadas y que entran dentro del hecho generador previsto en la norma, es decir las circunstancias establecidas en la ley para tener que tributar, para obligar a la persona o a la empresa a tributar; que justamente, lo considerábamos, es aquel que tiene una concentración con campos de más de 2.000 hás. en conjunto con índice coneat 100, que es el índice promedio en nuestro país.
Son 90 acciones, lo cual no quiere decir que puede haber más sujetos involucrados, porque cada acción, nosotros llamamos acción a cada expediente, o sea cada asunto en trámite, en el cual puede haberse planteado por parte de una empresa o más de un individuo. Por lo tanto, puede que no haya una coincidencia entre las 90 acciones que están en trámite, probablemente sean muchos más las empresas e individuos que han planteado esas acciones”.
¿Cómo está el trámite? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Dentro de cuánto tiempo, probablemente, podamos conocer los pasos?
“Quiero señalar antes que nada que, una vez que se presentan las acciones, tiene que pasar por diversos aspectos que hacen a la vía procesal, del juicio en sí. La primera cosa es el estudio de admisibilidad. Lo primero que se estudia por parte de la Corte es si es admisible el recurso. Entonces, interés personal, directo y legítimo, si está el interés o no, y una vez que se admite el recurso o la acción en su caso –esto es una acción-, entonces comienza a tramitar en la Corte. Se escucha al Fiscal de Corte, se notifica a las partes que pudieran estar afectadas. Fíjese que aquí es un impuesto muy particular, porque es un impuesto que votó el Parlamento, que implica imponer a determinado grupo de personas que tienen determinada concentración de propiedades, pero el volcado de ese impuesto va a los municipios y tiene destino de caminería rural. Entonces puede verse afectado el Parlamento, que es el que votó la ley, pueden verse afectados los municipios, que son los que en definitiva perciben el dinero que va a recaudarse con ese impuesto, y además las partes involucradas, que son las que inician las acciones.
Después de eso se notifica a todos esos actores. Significa que hay que notificar al propio Poder Legislativo,  al Ministerio de Economía y Finanzas, porque en definitiva es el que administra o que va a manejar esos dineros, y a todos los municipios del país, porque son los que eventualmente pueden verse perjudicados si es que ese impuesto se declara inconstitucional”.
¿Esa etapa ya se cumplió?
“Esa etapa se cumplió pero llevó muchísimo tiempo. Por eso le quiero decir que estamos a esta altura de noviembre y aún se están estudiando por parte de los ministros. Esto no es lo común, porque si las partes son menos no hay que notificar a tantos sujetos –en este caso 19 intendencias- que pueden verse afectadas si este impuesto se declara inconstitucional”.
¿Se está estudiando si se pasa a una segunda etapa?
“Afortunadamente, muchos de los expedientes ya están adelantados, ya superamos esa etapa de notificación, cada cual dio su punto de vista: los municipios, el Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Fiscal de Corte, porque el Fiscal de Corte es siempre llamado a dictaminar en este tipo de asuntos, así lo establece también la norma procesal. Todos estos actores ya establecieron sus correspondientes escritos, su punto de vista haciéndose oír en esa circunstancia de ese juicio. La Corte toma todo eso, el expediente pasa a otra parte que llamamos Departamento de Jurisprudencia. Allí se busca si hay casos similares que puedan servir como base para poder llegar a una solución en este caso en concreto y luego de eso pasa a estudio de los ministros. Ese estudio se hace uno por uno. El expediente pasa a manos del primer ministro, el ministro lo estudia, emite su voto; pasa al segundo, y así sucesivamente. Por lo tanto, también se tarda un tiempo en eso.
Pero dado que hay muchas acciones de inconstitucionalidad –hablamos de 90- lo que se ha hecho es formar grupos de expedientes y pasarlos a cada uno de los ministros para que en definitiva, los ministros estén estudiando el tema en forma simultánea. Por lo cual, podíamos predecir que el tiempo iba a ser breve, iba a haber un tiempo breve de estudio, porque si cada ministro en forma simultánea estaba estudiando los expedientes, luego intercambiaban expedientes y se iba a llegar muy rápido a una solución”.
¿Qué es un tiempo breve para quien no está vinculado al aspecto de la Justicia?
“Según la ley procesal, el estudio son 15 días para las notificaciones y 30 días para las definitivas. En este caso es una sentencia definitiva la que tienen que dictar, por lo tanto, cada ministro dispondría de 30 días para estudiar el expediente.  Pero hete aquí que mientras el ministro estudia ese expediente en particular, el otro ministro está estudiando otro expediente que trata de lo mismo. Por lo tanto, si todos los ministros estudian en simultáneo el mismo tema aunque sean distintos expedientes, seguramente en 30 días todos tienen una posición”.
¿Esto implica que tendríamos los fallos para qué fecha aproximadamente?
“Eso hubiera ocurrido si no se sumara un factor nuevo, que es que uno de los ministros de la Corte cesó en su cargo. Ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo en materia judicial, está formado por cinco ministros de la Corte, que son los cinco jueces máximos del país, y uno de esos ministros cesó en su cargo por haber cumplido diez años en el ejercicio de la función, como lo establece la Constitución de la República: una vez que el ministro alcanza diez años de ejercicio debe cesar en el cargo. Por lo tanto tenemos una vacante en la Corte y por lo tanto esta causa no puede ser estudiada por los cinco ministros para poder emitir un fallo. Esa es la razón por la cual ahora la palabra la tiene el Parlamento. Hay 90 días de plazo a partir del cese del Ministro para que el Parlamento resuelva a quién va a designar en lugar del ministro que ha cesado”.
¿Esto va a quedar para el año que viene?
“Hay que ver, si el Parlamento lo hace rápido, seguramente el nuevo ministro podría tener tiempo para estudiar por lo menos uno de los expedientes y en definitiva llegar a un dictamen. Vamos a ver si eso es así. No hay que olvidar que en el mes de enero aparece la feria judicial mayor, hay receso de la actividad judicial. Por lo tanto, si esto no ocurre en esta quincena de noviembre, seguramente pase lo que se está anunciando: que esto termine siendo resuelto en los primeros meses del próximo año”.

Martín Olaverry dialogó con el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, sobre el ICIR, Impuesto a la Concentración a la Tierra que grava a las extensiones de más de 2.000 hás., y que algunas empresas consideran que es inconstitucional y, por lo tanto, han estado presentando recursos ante la Suprema Corte de Justicia.

Antes de hablar de la etapa en la que se está con respecto a estos recursos y al trámite que se viene dando dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos recursos presentados hay?

“A esta altura del año, ustedes saben que el impuesto es una ley votada el pasado año pero rige desde enero del presente año; por lo tanto, a partir de febrero comenzaron a llegar lo que nosotros llamamos jurídicamente acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones empezaron a llegar en el mes de febrero, y a principios de noviembre ya contabilizábamos 90 acciones en total. Es decir que esas acciones o lo que nosotros llamamos expedientes, porque cada acción se convierte en un expediente que se tramita en la Corte, pueden estar promovidas por uno o varios particulares o por una o varias empresas”.

En el hipotético caso de que sea favorable a quien presentó esa acción el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿es aplicado solamente a ese caso? ¿No es algo general que vaya a abarcar a todos los que estarían alcanzados por este impuesto?

“Absolutamente. Ese es uno de los primeros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Para el caso de que la Suprema Corte de Justicia considere inconstitucional una norma o parte de una norma, porque no siempre la consideración es por toda la norma, muchas veces es por una parte de la norma, para el caso de que la Corte considere inconstitucional una norma o parte de ella, esa declaración de la SCJ solo tiene efectos sobre el caso en concreto. Por eso hay que separar los aspectos del recurso de inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad, que son conceptos diferentes. Se plantea el recurso de inconstitucionalidad cuando yo estoy en un juicio previo; estoy en un juicio en trámite y en ese juicio se va a aplicar una norma que yo entiendo que me perjudica, que puede resultar en mi contra y que entiendo inconstitucional. Entonces, dentro de ese juicio que estoy tramitando planteo una excepción de inconstitucionalidad. O sea, por vía de defensa pido que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa norma que se aplica en el juicio en que estoy tratando.

En este caso del ICIR no estamos ante recursos de inconstitucionalidad sino estamos ante acciones. El ICIR es un impuesto, usted bien lo dijo, se generó en el Parlamento porque el Parlamento es el que hace las leyes y, por lo tanto, también tiene la potestad de imponer tributos a la población, en este caso a un determinado sector, en este caso el sector de la concentración de propiedades inmobiliarias rurales. En ese caso, lo que ocurre es que las personas que pueden verse afectadas y que entran dentro del hecho generador previsto en la norma, es decir las circunstancias establecidas en la ley para tener que tributar, para obligar a la persona o a la empresa a tributar; que justamente, lo considerábamos, es aquel que tiene una concentración con campos de más de 2.000 hás. en conjunto con índice coneat 100, que es el índice promedio en nuestro país.

Son 90 acciones, lo cual no quiere decir que puede haber más sujetos involucrados, porque cada acción, nosotros llamamos acción a cada expediente, o sea cada asunto en trámite, en el cual puede haberse planteado por parte de una empresa o más de un individuo. Por lo tanto, puede que no haya una coincidencia entre las 90 acciones que están en trámite, probablemente sean muchos más las empresas e individuos que han planteado esas acciones”.

¿Cómo está el trámite? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Dentro de cuánto tiempo, probablemente, podamos conocer los pasos?

“Quiero señalar antes que nada que, una vez que se presentan las acciones, tiene que pasar por diversos aspectos que hacen a la vía procesal, del juicio en sí. La primera cosa es el estudio de admisibilidad. Lo primero que se estudia por parte de la Corte es si es admisible el recurso. Entonces, interés personal, directo y legítimo, si está el interés o no, y una vez que se admite el recurso o la acción en su caso –esto es una acción-, entonces comienza a tramitar en la Corte. Se escucha al Fiscal de Corte, se notifica a las partes que pudieran estar afectadas. Fíjese que aquí es un impuesto muy particular, porque es un impuesto que votó el Parlamento, que implica imponer a determinado grupo de personas que tienen determinada concentración de propiedades, pero el volcado de ese impuesto va a los municipios y tiene destino de caminería rural. Entonces puede verse afectado el Parlamento, que es el que votó la ley, pueden verse afectados los municipios, que son los que en definitiva perciben el dinero que va a recaudarse con ese impuesto, y además las partes involucradas, que son las que inician las acciones.

Después de eso se notifica a todos esos actores. Significa que hay que notificar al propio Poder Legislativo,  al Ministerio de Economía y Finanzas, porque en definitiva es el que administra o que va a manejar esos dineros, y a todos los municipios del país, porque son los que eventualmente pueden verse perjudicados si es que ese impuesto se declara inconstitucional”.

¿Esa etapa ya se cumplió?

“Esa etapa se cumplió pero llevó muchísimo tiempo. Por eso le quiero decir que estamos a esta altura de noviembre y aún se están estudiando por parte de los ministros. Esto no es lo común, porque si las partes son menos no hay que notificar a tantos sujetos –en este caso 19 intendencias- que pueden verse afectadas si este impuesto se declara inconstitucional”.

¿Se está estudiando si se pasa a una segunda etapa?

“Afortunadamente, muchos de los expedientes ya están adelantados, ya superamos esa etapa de notificación, cada cual dio su punto de vista: los municipios, el Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Fiscal de Corte, porque el Fiscal de Corte es siempre llamado a dictaminar en este tipo de asuntos, así lo establece también la norma procesal. Todos estos actores ya establecieron sus correspondientes escritos, su punto de vista haciéndose oír en esa circunstancia de ese juicio. La Corte toma todo eso, el expediente pasa a otra parte que llamamos Departamento de Jurisprudencia. Allí se busca si hay casos similares que puedan servir como base para poder llegar a una solución en este caso en concreto y luego de eso pasa a estudio de los ministros. Ese estudio se hace uno por uno. El expediente pasa a manos del primer ministro, el ministro lo estudia, emite su voto; pasa al segundo, y así sucesivamente. Por lo tanto, también se tarda un tiempo en eso.

Pero dado que hay muchas acciones de inconstitucionalidad –hablamos de 90- lo que se ha hecho es formar grupos de expedientes y pasarlos a cada uno de los ministros para que en definitiva, los ministros estén estudiando el tema en forma simultánea. Por lo cual, podíamos predecir que el tiempo iba a ser breve, iba a haber un tiempo breve de estudio, porque si cada ministro en forma simultánea estaba estudiando los expedientes, luego intercambiaban expedientes y se iba a llegar muy rápido a una solución”.

¿Qué es un tiempo breve para quien no está vinculado al aspecto de la Justicia?

“Según la ley procesal, el estudio son 15 días para las notificaciones y 30 días para las definitivas. En este caso es una sentencia definitiva la que tienen que dictar, por lo tanto, cada ministro dispondría de 30 días para estudiar el expediente.  Pero hete aquí que mientras el ministro estudia ese expediente en particular, el otro ministro está estudiando otro expediente que trata de lo mismo. Por lo tanto, si todos los ministros estudian en simultáneo el mismo tema aunque sean distintos expedientes, seguramente en 30 días todos tienen una posición”.

¿Esto implica que tendríamos los fallos para qué fecha aproximadamente?

“Eso hubiera ocurrido si no se sumara un factor nuevo, que es que uno de los ministros de la Corte cesó en su cargo. Ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo en materia judicial, está formado por cinco ministros de la Corte, que son los cinco jueces máximos del país, y uno de esos ministros cesó en su cargo por haber cumplido diez años en el ejercicio de la función, como lo establece la Constitución de la República: una vez que el ministro alcanza diez años de ejercicio debe cesar en el cargo. Por lo tanto tenemos una vacante en la Corte y por lo tanto esta causa no puede ser estudiada por los cinco ministros para poder emitir un fallo. Esa es la razón por la cual ahora la palabra la tiene el Parlamento. Hay 90 días de plazo a partir del cese del Ministro para que el Parlamento resuelva a quién va a designar en lugar del ministro que ha cesado”.

¿Esto va a quedar para el año que viene?

“Hay que ver, si el Parlamento lo hace rápido, seguramente el nuevo ministro podría tener tiempo para estudiar por lo menos uno de los expedientes y en definitiva llegar a un dictamen. Vamos a ver si eso es así. No hay que olvidar que en el mes de enero aparece la feria judicial mayor, hay receso de la actividad judicial. Por lo tanto, si esto no ocurre en esta quincena de noviembre, seguramente pase lo que se está anunciando: que esto termine siendo resuelto en los primeros meses del próximo año”.







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