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El asentamiento La Esperanza ha generado una serie de problemas sociales que determinan la inminente presencia de las autoridades en el lugar. Debe haber un trabajo coordinado y mancomunado entre las distintas entidades públicas y de gobierno, con el fin de solucionar no solo el problema de vivienda, sino a su vez, las condiciones en las que viven los pobladores.

Allí hay una falta de servicios básicos, como agua y luz eléctrica, donde la mayoría cuentan con conexiones precarias, entrando en una zona de riesgo para sus propias vidas. Si bien el Estado no se ocupa en su totalidad de la problemática si debería hacerlo para evitar un problema social mayor.

Muchos vecinos del lugar aseguran que el consumo de drogas en el lugar por parte de jóvenes es algo creciente y notorio, al punto que muchos de ellos quedan tirados detrás de las casas precarias en un descampado, inconscientes por el efecto de las drogas.

La policía ha detectado no solo una cantidad importante de bocas de drogas en ese asentamiento, sino también un problema estructural de violencia en la zona que termina generando problemas de todo tipo, que principalmente afecta a las familias más vulnerables que viven en el lugar.